Febrero del 2005
“Un Desarrollo Patas Arriba y al Revés”
Actores
Globales, Minería y Resistencia Comunitaria
en Honduras y
Guatemala
Por Sandra Cuffe
Traducido del inglés por René Calderón
info@rightsaction.org * 416-654-2074 * www.rightsaction.org
Estimad@s Compañer@s,
Aquí en archivo adjunto está la versión en español de un informe sobre la minería en Honduras y Guatemala, los actores globales y la resistencia. El resumen está pegado abajo. Disculpen:1) El peso del archivo.2) El gran atraso en la difusión de la versión traducida. Aunque han pasado mil cosas en el caso del proyecto Marlin, no creo que en la sección que trata de Marlin había tanta información de interés para Uds en Guatemala que están trabajando el tema, como de todas maneras, ya la tenían. Pues, espero que pueda servirles siempre, sobretodo las primeras 2 partes sobre los diferentes actores globales (Grupo Banco Mundial, agencias de los gobiernos canadienses y estadounidenses, las Naciones Unidas, etc) que han estado involucrados en crear las circunstancias propicias para beneficiarse ellos mismos de la explotación minera en Honduras, Guatemala y el mundo. Y si hay aspectos en que les serviría tener mayor información e investigación, favor dar a conocer esas necesidades y a ver entre tod@s qué se puede lograr.
Solidaridad,Sandra CuffeDerechos en Acción
***********************
INDICE
Resumen Popular 2
I. A Manera de Introducción 4
2.1 Las Partes Privadas
del Banco Mundial 7
2.2 Los Canadienses, tan
Amables 10
2.3 Los Sospechosos de Siempre: los EE.UU., seguridad
privada...y ¡la ONU! 12
2.4 Comerciando la
Autonomía, Tierras, Minerales, Derechos y Desarrollo 14
2.5 ¿Cuáles Derechos
Indígenas? 15
III. Reconstruyendo Guatemala y Honduras 19
3.1 Una breve Historia de
Invasión, Persecución y Genocidio 19
3.2 Una Ventana a la
Oportunidad 21
3.3 Lo más Sobresaliente
de la Nueva Legislación 22
3.4 La Nueva Invasión –
Guatemala 23
3.5 Ocupación en Curso –
Honduras 24
IV. Enfoque en Glamis Gold 29
4.1 Socavando los Sitios
Sagrados Indígenas 29
4.2 El Valle de Siria –
¿Desarrollo o Zona de Sacrificio Humano? 30
4.3 ¿Mejorando el Futuro
de Guatemala? 35
V.
Resistencia Comunitaria y Global 39
5.1 ¿Agitadores
Extranjeros Anti Desarrollo? 39
5.2 Legítima Resistencia
Comunitaria 40
5.3 Proponiendo Reformas
Legislativas 43
5.4 ¿y la Justicia? 45
VI. Y Ahora, ¿Qué? 47
Se ha incrementado el interés internacional sobre la
resistencia local contra las actividades de minería metálica, particularmente
en la oposición de las comunidades indígenas en el departamento de San Marcos,
Guatemala, para el proyecto Marlin de Glamis Gold Ltd. Este interés y
preocupación fueron estimulados por las noticias del asesinato del manifestante
indígena Raúl Castro Bocel en manos de las fuerzas de seguridad, cuando el
gobierno de Guatemala envió al ejercito y la policía para reprimir las
protestas en Los Encuentros y asegurar el paso de un convoy con equipo
perteneciente a Glamis Gold.
Este informe se enfoca en la situación actual de
Guatemala y Honduras, en cuanto a las actividades de la minería metálica, las
compañías transnacionales y la respuesta de las comunidades. Sin embargo, la situación
actual no se puede discutir solo en términos de la minería en Guatemala y
Honduras; la situación actual es un producto de cambios en las leyes y en el
marco normativo, los cuales son productos de un modelo de “desarrollo”
artificioso, promovido y llevado a cabo por los mismos actores globales que
lucran del sistema neocolonialista global injusto y explotador.
Diversos actores globales están involucrados en la
industria de la minería alrededor del mundo.
El Grupo del Banco Mundial, a través de sus instituciones que apoyan al
sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), está directamente involucrado
en financiar y asegurar las empresas transnacionales mineras, así como su
implicación como accionista directo en muchos proyectos mineros. El Banco Mundial y su institución hermana, el
Fondo Monetario Internacional, también se han involucrado en las reformas de
las leyes y políticas mineras – beneficiando a las compañías transnacionales a
costa de la gente del lugar y de las comunidades – en docenas de países de todo
el mundo.
El Gobierno de Canadá con sus instituciones, como la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI; CIDA por sus siglas en
inglés), el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
(DFAIT por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de las
Exportaciones (EDC por sus siglas en inglés), han jugado papeles similares en
la promoción y la implementación de leyes y políticas, financiando y asegurando
los proyectos mineros y promocionando la industria – utilizando fondos públicos
– para apoyar a las compañías mineras canadienses. La Agencia de Comercio y
Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) y el Banco
Exportador-Importador están comprometidos en las mismas actividades al igual
que sus contrapartes canadienses. Agencias y compañías de seguridad y militares
de las Naciones Unidas promocionan y protegen una industria que afecta
desproporcionadamente a los pueblos indígenas, como sucede con los Tratados de
Libre Comercio regional y bilateral que protegen a los inversionistas y
fomentan el establecimiento de la agenda neoliberal.
Ambos con largas historias de explotación de los
recursos naturales dominados por el control extranjero, persecución y
genocidio, Guatemala y Honduras han sido lugares de intensificación de la
actividad transnacional de compañías mineras. Más de un tercio de Honduras y un
décimo de Guatemala están cubiertos de concesiones y licencias mineras, muchas
de las cuales, en el caso de Guatemala, están localizadas en territorio de
comunidades indígenas. Este incremento en
la actividad de minería metálica es producto de las reformas de las
leyes sobre minería a finales de los 1990, cuando los actores globales vieron
una ‘ventana a la oportunidad’ para proseguir con su agenda de ‘desarrollo’ con la firma de los
Acuerdos de Paz en Guatemala y el Huracán Mitch en Honduras. Docenas de
compañías canadienses y de los Estados Unidos están operando en la región.
Un ‘líder’ en la compañía canadiense/estadounidense
Glamis Gold Ltd. esta actualmente involucrado en un caso de arbitraje en contra
de los Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
por las medidas protectoras tomadas previamente por instituciones
gubernamentales de California para proteger los lugares sagrados de las
Primeras Naciones de los daños de la minería a cielo abierto. La misma compañía
opera la mina de oro de San Martín en el Valle Siria, Honduras, donde los
impactos devastadores incluyen enfermedades, falta de agua potable,
contaminación, fracaso en las cosechas y mucho más. Se presentaron cargos
contra la subsidiaria Entre Mares que funciona como representante de Glamis por
una serie de crímenes en contra del medio ambiente y otros más; no obstante
estos casos yacen ‘durmientes’ en el sistema de ‘justicia’ hondureña, un hecho
sintomático de la impunidad global en la cual las compañías mineras y otros
actores globales operan. Glamis Gold también es dueña del proyecto Marlin en
Guatemala en donde los derechos de las comunidades indígenas y sus demandas han
sido completamente ignoradas y violadas, como lo demostró el asesinato del
activista indígena, el pasado 11 de Enero.
Desde San Marcos al Valle de Siria para las numerosas
comunidades y organizaciones alrededor del mundo, la resistencia basada en la
comunidad no es el producto de agitadores extranjeros en contra del desarrollo
o de la ignorancia, como las compañías mineras e instituciones internacionales
afirman. Ante el modelo de ‘desarrollo’ impuesto y las regulaciones de los
marcos de trabajo que están al extremo opuesto con respecto a los intereses e
iniciativas comunitarias locales de desarrollo, las comunidades están luchando
para defender sus tierras, su territorio, el agua, sus recursos, su soberanía
alimentaria, el medio ambiente, su salud y sus necesidades de la invasión de
las actividades mineras destructivas que operan entre la impunidad y el gran
apoyo de los actores globales. A pesar
de este increíble desequilibrio de poder, muchas comunidades en América Latina
y Centro América han detenido las actividades mineras con éxito – al menos
temporalmente.
Mientras que es importante apoyar las luchas,
prioridades, demandas y necesidades de las comunidades locales, es crucial que
las iniciativas de la solidaridad internacional sean dirigidas al modelo global
de ‘desarrollo’ del cual la minería es solo un ejemplo. Un movimiento de
justicia global que trate con problemas de minería en Honduras y Guatemala debe
confrontar el injusto y opresivo sistema global y a los actores globales que
lucran de la continua explotación.
Con el interés de alentar hacia el activismo sobre
estos y otros temas relacionados, y para que se mantengan al día con la información,
algunas sugerencias de donde buscar más información son incluidas.
I. A MANERA DE INTRODUCCION
Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la
miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos;
otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros
perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha
dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra
riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de
otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y
neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten
en veneno.[1]
- Eduardo Galeano, Venas
Abiertas de América Latina
El libro
de Galeano cuyo segundo título es “cinco siglos de pillaje de un continente”
fue escrito al inicio de los 1970s, hace ya más de 30 años. Si uno imaginara
una versión actualizada, esencialmente sería suficiente agregar una nota al
final: 1970 – tiempo presente, Más de lo mismo. O como un amigo bromeó, “y
entonces se arruinó”.
El 11 de Enero del 2005 el gobierno de Guatemala envió al ejército para
reprimir a los manifestantes y proteger un convoy que llevaba equipo minero
para el proyecto Marlin que Glamis Gold Ltd. tiene en San Marcos en el altiplano de mayoría
indígena, un proyecto apoyado activamente por el Banco Mundial y la Embajada de
Canadá. Raúl Castro Bocel fue asesinado
por las fuerzas de ‘seguridad’ cuando el convoy se dirigía a su destino, a
pesar de la resistencia de las comunidades y de grupos en todo el país y a
pesar de la falta de consulta con los pueblos indígenas directamente afectados.
El
proyecto Marlin no es más que uno de cientos de concesiones mineras otorgadas a compañías
mineras transnacionales en Guatemala y Honduras. La misma Glamis Gold es la
propietaria de la mina de oro de San Martin en el Valle de Siria, Honduras, una
región con serios problemas de salud, degradación del medio ambiente y abusos
de la compañía. La misma compañía también ha llevado al gobierno de los Estados
Unidos a un arbritaje bajo las cláusulas de protección a la inversión del
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en su famoso capítulo 11, debido a
que en California se ratificó una ley que proteje los sitios sagrados Indígenas
de la minería a cielo abierto.
¿Qué esta
pasando en Guatemala?, ¿En Honduras?, ¿De donde vienen todas estas compañías
mineras?, ¿Que tipo de leyes han facilitado este repentino incremento en la
actividad minera?, ¿Que papel juegan el Banco Mundial, los gobiernos de Canadá
y los Estados Unidos y otros actores globales?, ¿Que tipo de ‘desarrollo’ están
ellos defendiendo?, ¿Cuales son las respuestas de las comunidades, los pueblos
indígenas y organizaciones en el terreno?
En
solidaridad con las comunidades en resistencia en Honduras y Guatemala y en un
esfuerzo por contribuir con el movimiento de justicia global y su enfoque en
terminar con la impunidad global y responsabilizar a los actores del Norte por
sus acciones y su complicidad, este informe intenta iniciar la respuesta a
estas preguntas. La Sección II: Estableciendo el Escenario, examina el continuo
papel de los actores globales (el Banco Mundial, los gobiernos de América del
Norte, etc.) en el establecimiento del marco de trabajo para las actividades
mineras alrededor del mundo actual. La Sección III: Reconstruyendo Guatemala y
Honduras, enfoca el mismo proceso y sus resultados en estos dos países
Centroamericanos. La sección IV: Enfoque en Glamis Gold, revisa las actividades
de una compañía minera transnacional importante en la región. La Sección V:
Resistencia Comunitaria y Global, brevemente discute la respuesta local y la
resistencia basada en la comunidad en Honduras, Guatemala y mas allá. Se incluyen algunos enlaces en la sección VI
para alentar la búsqueda de más información, orientada a fortalecer la
resistencia de las comunidades y organizaciones.
Cuando se
ve la actividad minera actual en Honduras y Guatemala, es de miopes tratar de
entender la situación sin colocarla en el contexto histórico y la continua
inequidad global, dominación, poder, militarización y represión. La explotación de los recursos naturales no
es un tema meramente ambiental, aislado del orden político nacional e
internacional, económico y social diseñado para mantener un sistema global
injusto y explotador.
Fundamentalmente,
la manera problemática en la cual las actividades mineras se han estado
llevando a cabo en el mundo es parte de un sistema mucho más grande. El modelo
de ‘desarrollo’ que agresivamente siguen las instituciones multilaterales, los
gobiernos del Norte y otros actores globales reflejan el interés por los
grandes negocios en vez de las prioridades, las necesidades y visiones de las
mismas comunidades. Es importante anotar
que la responsabilidad y complicidad no solamente yace en los inversionistas
del Norte y sus gobiernos e instituciones multilaterales, sino también en las
poblaciones del Norte, ambas como consumidores (por ejemplo, más del 80% del
oro es para la industria de joyería) y como residentes. Los gobiernos de Canadá
y Los Estados Unidos están defendiendo e implementando un modelo de ‘desarrollo’ destructivo con fondos
públicos. Similarmente, el Banco Mundial
y otras instituciones multilaterales son la suma de sus partes - países
miembros.
En
Centroamérica, comunidades han sido desplazadas para dar lugar a lagunas de
solución de cianuro, mientras que las fuerzas de seguridad privadas y estatales
protegen montañas deforestadas que son dinamitadas y pulverizadas para extraer
mineral. Muchos han hablado de la importancia del oro negro y ahora el oro azul
(petróleo, agua). Aunque es un argumento
válido, no olvidemos los metales preciosos. La industria minera, utilizando
tecnología ‘moderna’, el método tipo cielo abierto y substancias tóxicas para
reducir costos y atraer inversionistas, continua haciendo estragos alrededor
del mundo, con un impacto incalculable en el medio ambiente, la salud, los
pueblos indígenas y las comunidades.
La
situación puede no ser tan evidente como la de las minas en tiempos de la
colonia que operaban con trabajos forzosos entre conquista y genocidio.
Compañías mineras multinacionales tienen relacionistas públicos trabajando en
el control de daños, con comunicados de prensa de fundaciones de ‘desarrollo’
para convencer al mundo que ellos están en efecto brindando progreso,
desarrollo y empleo a las comunidades. El Grupo del Banco Mundial, con acciones
en la empresa minera apoyados por la Corporación Financiera Internacional,
junto a su institución hermana el Fondo Monetario Internacional (FMI) esconden
sus actividades dentro del doble discurso ‘Estrategia para la Reducción de la
Pobreza’. Enormes sumas de dinero han
sido invertidas para convencer al mundo que la minería (la explotación de
recursos no renovables) es beneficiosa para el ‘desarrollo’ de la población
local y puede, de hecho, ser sostenible.
“ Nunca
he visto una mina que se ajuste a mí definición
de desarrollo sostenible”, dijo el experto en sistemas de minas y aguas Dr.
Robert Moran, en un almuerzo al
dirigirse a la multitud que se reunió para escucharlo hablar en el Foro
Nacional de Minas en la ciudad de Guatemala el 1 y 2 de Diciembre del 2004, actividad
promovida por el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Grupo del Banco
Mundial y la Embajada Canadiense, entre otros. En minería, hay ganadores y
perdedores, dice Moran, y es importante preguntar quien gana y quien pierde –
la mayoría de los ganadores no vive cerca de la mina. La ‘regla de oro’ es aplicable a esta industria, considera Moran: “aquellos que tienen el oro, mandan”. [2]
Alrededor
del mundo, las compañías transnacionales mineras, el Grupo del Banco Mundial,
los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá y otros actores globales tales
como las Naciones Unidas han estado empleando una continua campaña pública para
calmar la creciente oposición a las actividades mineras. En la investigación de
estos temas en el caso de Honduras y Guatemala, ha llegado a ser cada vez más
claro que el Banco Mundial y el gobierno de Canadá han tomado un papel de liderazgo en la
promoción de la industria de minería metálica. Similarmente, se pensó que la
mayoría de compañías activas en la región eran de los Estados Unidos y Canadá,
las principales compañías de la vasta mayoría están de hecho registradas en
Canadá. Sin embargo, estas compañías se
fusionan, compran otras compañías, y entran a ser empresas colectivas y otros
acuerdos más aprisa que es posible seguir sus actividades. Así, mientras que la
mayoría de compañías están anotadas como canadienses, muchas son de hecho
fusiones entre Canadá y los Estados Unidos, registradas en Canadá por
propósitos financieros.
Por otro
lado, las comunidades, los grupos indígenas, las organizaciones de base, las
ONGs y sectores de la Iglesia Católica han estado involucrados en una variedad
de iniciativas, que van desde la acción directa y resistencia de la comunidad,
a propuestas bastante publicadas para reformar las leyes sobre la minería tanto
en Guatemala como en Honduras.
Mientras
que diversas organizaciones comenzaban a darse cuenta de la extensión con la
que la actividad minera afecta totalmente a las comunidades en ambos países,
una fase de reunir y compartir información se amplía, para oponerse a la
propaganda distribuida por las compañías y sus contrapartes institucionales y a
las numerosas estrategias utilizadas para manipular la aprobación de las
comunidades. En un congreso de emergencia de organizaciones Mayas que se
realizó en Guatemala los días 29-30 de Noviembre del 2004, para analizar las
actividades mineras en el país de cara al foro oficial en el cual los pueblos
indígenas estaban casi por completo excluidos, un participante subrayó la
importancia de la información: “si
nosotros no manejamos la información, de alguna manera, estamos ciegos...”
El
aumento en la conciencia y respuesta a la minería en Honduras y Guatemala se
debe a la entrada en la región de las compañías extranjeras principalmente de Canadá
y los Estados Unidos, llevando a cabo agresivos programas de exploración en su
gran colección de concesiones. Este violento ataque de concesiones mineras,
mejor conocido como “la nueva invasión” por muchas organizaciones indígenas, se
debe en gran parte a los cambios que se realizaron a finales de los años 1990 a
las leyes que regulan al sector minero en Guatemala y en Honduras. En sí, estos
cambios de leyes son parte de un modelo de ‘desarrollo’ mucho más grande,
diseñado para los países explotados (llamados ‘en desarrollo’), llevado por y
beneficiando a las mismas instituciones, compañías y países que continúan
lucrando del sistema neocolonial.
II.
ESTABLECIENDO EL ESCENARIO
Como muchas compañías transnacionales comenzaron a extender sus actividades
de exploración lejos de su lugar de origen hacia a un fuerte enfoque en el
potencial de lucro del mineral de los países (‘en desarrollo’) explotados, los
mismos países estuvieron reescribiendo sus leyes sobre minería, liquidando
empresas mineras estatales, y ofreciendo a los inversionistas extranjeros
exención de impuestos y otros beneficios. En años recientes, más de 70 países
alrededor del mundo han ‘modernizado’ su legislación minera. [3]
Lejos de ser una coincidencia de suerte para las corporaciones, los
cambios en las políticas y las leyes de minería en diferentes países alrededor
del planeta han sido parte de la agenda neoliberal del Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y los bancos regionales de ‘desarrollo’, tales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este marco de trabajo que coloca inversiones
y ganancias arriba de los intereses de las comunidades y pueblos locales está
también reflejado en los diferentes acuerdos comerciales multilaterales y
bilaterales.
En el caso de la minería, aparte de las poderosas compañías que se
mueven en las sombras, los actores clave en el escenario global han sido el
Grupo del Banco Mundial – particularmente su sector privado de préstamos, la
Corporación Financiera Internacional (CFI), acompañada del Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) – y los gobiernos de los Estados
Unidos y Canadá, representando los intereses de las compañías Norteamericanas.
Aún más allá, estos cambios frecuentemente han sido implementados con la ayuda
de la fuerza; las fuerzas de seguridad nacionales, la ayuda militar
estadounidense, las compañías privadas de seguridad y los mercenarios
(compañías ‘militares’ privadas) todos ellos han tenido su papel en proteger
las inversiones extranjeras de minería.
Alrededor del mundo, los pueblos indígenas son afectados
desproporcionadamente por las actividades mineras globales, todavía las
consultas casi siempre faltan o son manipuladas, como lo es la protección
legal.
2.1 Las Partes Privadas del Banco Mundial
El Banco Mundial frecuentemente es confundido con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual de hecho es solo una de las cinco
entidades que hacen el Grupo del Banco Mundial. El BIRF y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) hacen préstamos a los gobiernos para proyectos
de ‘desarrollo’, alineados con la percepción común del Banco Mundial en conjunto. Sin embargo, el Grupo del Banco
Mundial, realmente es un banco y está muy involucrado en el sector privado, a
través de la Corporación Financiera Internacional, la cual hace préstamos
directamente a compañías privadas y también es accionista en muchos de estos
proyectos, y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones el cual
proporciona seguros para los proyectos del sector privado.
Un decisivo papel ha sido jugado por diferentes instituciones del Banco
Mundial al desarrollar leyes de minería que han facilitado la expansión global
de la exploración y explotación por las compañías mineras transnacionales.
Mientras que la mayoría de los países, especialmente en América Latina, tenían
códigos de minería que reservan estos derechos ya sea exclusivamente o
parcialmente para el Estado, la legislación ‘modernizada’ abre el sector minero
a la inversión y a la propiedad extranjera, reduce las ganancias del Estado a
regalías miserables (la norma es entre el 1% y el 3%), levanta restricciones e
impuestos en la importación de equipo y no requiere que las ganancias
permanezcan en el país en el que opera la empresa.
‘Nivelando el campo de juego’: El Chile de Pinochet
como el Buen Ejemplo
Como hacen otros en la industria, el
Banco Mundial busca en la experiencia de ciertos países para enaltecer los
beneficios de estas reformas:
Chile fue un pionero. A principios de la década de 1980, Chile arrastró
más allá sus políticas mineras y abrió el sector a la inversión privada al
nivelar el campo de juego. Removió barreras de entrada y salida, estableció
total transferencia de los derechos minerales, y adoptó reglas claras sin
discreción que se aplicaban igualmente a las compañías públicas, privadas,
nacionales y extranjeras. [4]
La afirmación de que Chile fue un pionero por sus políticas en la
minería es problemática en el mejor de los casos. En 1973, el gobierno de Chile
democráticamente electo fue derrocado por un golpe militar, apoyado por la CIA
y el gobierno de los Estados Unidos. Fundamentalmente, en la raíz de este y
muchos otros ‘cambios de regímenes’ están los modelos alternativos de
desarrollo; los países son libres de proseguir con el ‘desarrollo’ mientras no
se alejen mucho de la línea de los intereses de los gobiernos del Norte y de
las compañías transnacionales. Dentro de los que apoyaron este golpe militar
están las compañías mineras norteamericanas, molestos por los planes del Presidente
Chileno Allende de nacionalizar las minas de cobre del país. ‘Chile’ bajo el
gobierno de Pinochet fue un pionero en el uso de la tortura, los campos de
concentración, las desapariciones forzosas y la brutal represión por parte del
Estado. Las leyes y políticas de la minería del país fueron el resultado de negocios hechos entre
las compañías mineras extranjeras y una dictadura militar. Como muchos
activistas de Latino América han comentado, los proyectos y leyes de la minería
son mucho mas fácil de aprobar cuando se pueden hacer entre compañías
extranjeras y dictaduras. El Perú es
también con frecuencia referido como un modelo a seguir debido a la legislación
que ratificó Fujimori.
Igual de perturbador es la afirmación del Banco Mundial que los países
vieron los beneficios de estas legislaciones ‘pioneras’ y así, decidieron
reformar sus propias leyes de minería; “[l]a liberación y la privatización de
la minería son a menudo presentadas como alineadas con la ortodoxia del mercado
libre. Irónicamente, estos procesos han requerido de políticas sustanciales de
intervención y subsidios financieros de las agencias internacionales incluyendo
el Banco Mundial.”[5] Hasta sólo el 1991, 71 Programas de Ajuste
Estructural y 43 ajustes de préstamos sectoriales – ahora conocidos como la
‘Estrategia para la Reducción de la Pobreza’ – han contribuido a la
privatización del sector mineral alrededor del mundo; en años recientes, la
legislaciones sobre minería han sido ‘modernizadas’ en más de 70 países.
Mientras que reescribir la legislación y la determinación de las
políticas de minería nacional con frecuencia ha estado incluido el ampliar los
Programas de Ajuste Estructural, el Departamento de Petróleo, Gas, Minería y
Químicos (OGMC por sus siglas en inglés) de la Corporación Financiera
Internacional, también ha estado directamente implicada en la reforma del
sector de minería, junto con su apoyo directo y su participación en proyectos
específicos del sector privado. Aunque
el Banco Mundial enmarca su implicación en términos de ‘consulta’ y ‘capacidad
de apoyo técnico’, la propia cuenta de su participación en unos países
Latinoamericanos – especialmente cuando se observa que ellos describen esto
como un papel a nivel medio, en comparación con el papel muy activo tomado en
muchos países Africanos – es bastante revelador;
Por ejemplo, la legislación minera de 1992 en México y Perú y las
enmiendas a la ley de Argentina en 1993-1995 fueron trazadas por comisiones de
expertos y representantes de instituciones claves del sector privado y del
gobierno quienes fueron nombrados por el ministro responsable del sector
minero. El Banco Mundial dio los insumos en el inicio del proceso relativo a
los objetivos y características del nuevo instrumento. La ley de minería de
Bolivia en 1997 y las enmiendas a la ley Ecuatoriana en el 2000 fueron también
trazadas por comisiones de expertos nombradas ministerialmente representando a
instituciones claves de los sectores público y privado. El Banco Mundial ha
tenido un papel más activo, ya que este dio un diagnostico inicial y más tarde
apoyo técnico a través de consejeros legales especializados, participó en
reuniones clave de la comisión, y dio sus comentarios en los borradores en las
diferentes etapas del trabajo. [6]
Mientras que ésta legislación ha limitado severamente la habilidad de
los gobiernos y a las comunidades locales de determinar el curso del desarrollo
de las políticas y proyectos de minería, ésta también ha entregado en esencia
todas las ganancias y beneficios potenciales a las compañías transnacionales.
Junto con reescribir las leyes de minería, la CFI también está involucrada en
proyectos de minería por todo el mundo, a través del otorgamiento de préstamos
a compañías mineras y como accionista directa en muchos proyectos. En 1996,
durante el intenso período de reformas legales, los préstamos de la CFI,
específicamente a los proyectos mineros (excluyendo cemento) fueron de $643
millones de dólares, mientras que en el mismo año el 22% de los seguros
proporcionados por el OMGI fueron para los proyectos de minería.
Las alianzas de organizaciones ambientalistas, comunitarias e indígenas
han estado haciendo campaña en contra del enredo del Banco Mundial en la
industria extractora durante años. El Grupo del Banco Mundial considera que debido
a que están “bien situados para ayudar a los países a vencer los retos
políticos, institucionales y técnicos que los previenen de transformar la
dotación de recursos en beneficios substanciales, deben permanecer involucrados
en las industrias extractivas.”[7] Uno puede debatir que debido a que el Banco Mundial
ha estado en posición para transformar las políticas a favor de las
corporaciones privadas, tiene sentido que permanezca involucrado en las
industrias extractivas porque ellos lucran directamente de los intereses de los
préstamos otorgados a los proyectos de minería y de su implicación directa como
accionistas. Bastante simple, el Banco Mundial es un BANCO, representando los
intereses de los países miembros y de los grandes negocios.
Mientras que con frecuencia el Banco Mundial hace referencia a la
rigurosa aplicación de sus políticas protectoras, este ha sido uno de los
principales temas de criticismo. “Estos son preceptos. No son normas que se
hacen cumplir legalmente,”[8] explica el Dr. Robert Moran. Cuando el Banco Mundial
habla de sus políticas protectoras ambientalistas y sociales basadas en ‘lo más
notable de la mejor práctica’ ellos de hecho están refiriéndose a las normas
que son ‘autorreguladas’’; las mismas compañías están regulando sus propios
cumplimientos, como lo hace el Banco Mundial. Las ‘rigurosas’ políticas protectoras rigurosamente protegen
la impunidad de las corporaciones y los actores globales.
Yanacocha: el Banco Mundial, Newmont y Lagunas Rojas en el Perú
Yanacocha es un ejemplo de la implicación del Banco Mundial en la
minería. Facilitado por la legislación minera, ambiental y de inversión privada
ratificada en el Perú con la ‘asistencia’ del Banco Mundial bajo la dictadura
civil de Fujimori a inicios de los 1990, el proyecto Yanacocha se llevó
adelante en propiedad de la Minera Newmont con el 51.35%, Buenaventura
(peruana) con el 43.65% y la Corporación Financiera Internacional con un 5%.
Con el financiamiento de la CFI en 1993, 1994 y 1999 (un préstamo de $100
millones solamente en el 1999), Yanacocha “es la mina de oro más grande de
América Latina y es una de las productoras de oro de menos costo del mundo.” [9] Yanacocha, explica el Padre Marco Arana, un psicólogo
y sacerdote que trabaja con una organización de desarrollo comunitario en la
cercana ciudad de Cajamarca, significa ‘laguna negra’ pero en su parroquia la
mina esta dejando lagunas rojas de aguas ácidas contaminadas por metales
pesados.[10] Las comunidades y organizaciones locales continúan
denunciando los impactos de los repetidos incidentes de contaminación
incluyendo un gran derrame de mercurio. También ha habido una significativa
oposición y resistencia a la expansión de la mina de Yanacocha, la cual es
discutida brevemente en la Sección IV.
En general, el Banco Mundial ha sido y sigue siendo un actor central en
la minería global, a través de su financiamiento y de su participación directa
en los proyectos y su activo papel en la reforma a las leyes que han
beneficiado a las compañías transnacionales. De cara a un marco legal que es
completamente adverso a sus intereses, las comunidades también han hecho frente
a la visión arribista de desarrollo impuesto por las compañías mineras, según
considera el peruano José de Echave.[11] El Banco Mundial es responsable del conflicto social
que resulte, agrega, sin embargo por cierto el Banco Mundial no es el único
actor global implicado.
2.2 Los Canadienses, tan Amables
Nieve, mucha nieve y hielo. Osos. Policía montada. Hojas de arce….. Es
suficiente con decir que cuando la mayoría de la gente piensa en Canadá, las
compañías mineras y su interés global es lo que menos les viene a la cabeza.
Canadá tiene el estereotipo de ser protector y promotor de los derechos humanos
y de proteger el medio ambiente en el mundo. Actuar agresivamente para promover
los intereses de una de las compañías transnacionales de las industrias
extractivas normalmente es asociada con el buen vecino al sur de Canadá.
Sin embargo, el gobierno canadiense ha estado activamente estableciendo
el escenario para la inversión minera alrededor del mundo, mientras que al
mismo tiempo apoya muchas corporaciones canadienses que son responsables de la
destrucción ambiental y de violaciones a los derechos humanos. En el 2002, el
56% de las compañías mineras en el mundo eran canadienses, como lo era el 54%
del financiamiento en acciones ordinarias de la explotación y desarrollo global
del mineral. De 1992 al 2001, la inversión internacional minera canadiense se
incrementó drásticamente de 27.8 billones a más de 86 billones de dólares
canadienses, representando esto en el 2001 un 12% de toda la inversión
canadiense en el exterior.[12] “Lo que esencialmente distingue a Canadá [de otros
países que tienen mayores compañías mineras, tales como los Estados Unidos y
Australia] es la facilidad con que las instituciones financieras de este país
ha respaldado a la minería como un proyecto internacional...” [13]
Las instituciones financieras están lejos de ser las únicas entidades
canadienses respaldando a la minería; algunas de estas acciones están siendo
llevadas a cabo bajo el escudo protector de la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI; CIDA por sus siglas en inglés), la llamada ‘cooperación’
del gobierno canadiense. Por ejemplo, en
Zimbabwe la ACDI ha sido un instrumento en el desarrollo de la industria minera
desde finales de los años 1990, con fondos al Ministerio de Minas de Zimbabwe
para investigaciones aeromagnéticas, la digitalización de las licencias
mineras, entrenamiento técnico y de último pero no de menos, el desarrollo de
una nueva legislación. Aunque este apoyo frecuentemente es formulado en
términos de apoyo para la protección del medio ambiente, según Elizabeth Smith,
una representante de ACDI, “los beneficios [del proyecto de ACDI en Zimbabwe]
están ahora siendo experimentados por las compañías mineras de nivel júnior de
Canadá” [14] Un informe de Recursos Naturales de Canadá se refiere
a su papel como “la Agencia Ejecutiva Canadiense para un proyecto fundado por
ACDI para proveer al Ministerio de Desarrollo de Minas y Minerales de Zambia
con administración y experiencia ambientalista en el sector minero.” [15] La ACDI también participó en la fundación del
Ministerio de Minas en Botswana.
En América Latina, Colombia proporciona otro ejemplo de la implicación
directa de la ACDI en promover la industria minera, aunque en el caso de
Colombia esta participación es en el contexto de la llamada ‘guerra civil
contra el terror y las drogas,’ con más exactitud marcado como un conflicto
global para proteger las inversiones extranjeras en los sectores de las
industrias extractivas y los recursos naturales. No es de sorprenderse que
muchas regiones geográficas que son objetivos del Plan Colombia, con recursos y
‘ayuda’ militar de los Estados Unidos, son las mismas regiones clave en donde
las corporaciones de los Estados Unidos, Canadá y otros países tienen
importantes proyectos de petróleo, gas y minería. En el caso de las regiones
del sur del departamento de Bolívar, rastreos coordinados de grupos
paramilitares y mercenarios ‘aseguraron’ el área para la entrada de las
compañías mineras de oro, matando, desapareciendo, torturando y desplazando a
la población civil. El sur de Bolívar no es un caso aislado en Colombia: “En los distritos mineros, entre 1995 y el
2002, cada año han habido un promedio de 828 homicidios, 142 desapariciones
forzosas, 117 lesionados, 71 personas torturadas, 355 amenazas de muerte y 150
detenciones arbitrarias.” [16]
Al mismo tiempo que estas terribles y sistemáticas violaciones a los
derechos humanos ocurrieron (y siguen ocurriendo) en distritos mineras, ACDI
estuvo activamente implicada en el proceso para cambiar la legislación de
minería para beneficiar a la inversión extranjera de minería en Colombia – una
participación detallada en un informe escrito por el sindicato de la agencia
minera estatal SINTRAMINERCOL después de años de investigación. Iniciando con
‘ayuda’ en la formulación del Código de Minería de 1996-1998, el cual no fue
aceptado debido a la organizada oposición, la implicación de ACDI en la
creación de la legislación en Colombia
sobre minería, petróleo y medio ambiente ha sido por vía de fondos dados al
Instituto Canadiense de Investigación sobre Energía (CERI por sus siglas en
inglés), en cuya lista de donantes privados se puede ver quién es quién en las
grandes compañías canadienses de energía, petróleo y minería. Las
responsabilidades de CERI relacionadas con el desarrollo de la legislación de
minería en Colombia fueron para asegurar el compromiso con los procedimientos y
regulaciones sobre el medio ambiente y para llevar a cabo consultas con los
pueblos indígenas.
De acuerdo con el Ministerio de Minas de Colombia y con fondos de ACDI,
CERI contrató a “Martínez-Córdoba y Asociados” para estas tareas. Sin embargo,
esta misma oficina de abogados fue contratada por el gobierno para formular la
nueva legislación sobre minería. Martínez-Córdoba y Asociados es también el
representante legal de la mitad de las compañías mineras inscritas en el
registro nacional de minería. Mientras que la conformidad con los
procedimientos sobre el medio ambiente fue seriamente comprometida,
Martínez-Córdoba y Asociados no llevó a cabo las consultas con las comunidades
indígenas, reguladas por la Ley 21 de 1991, una ley desarrollada para regular
el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales ratificada por
Colombia. En vez de ello, el gobierno instruyó a sus abogados de copiar las
legislaciones sobre minería de Chile y Argentina. En la presentación de la legislación
propuesta los mismos abogados anunciaron que el Banco Mundial había ordenado la
privatización de la agencia minera del estado, MINERALCO S.A. Después del
fracasado intento de pasar el Código de Minería de 1996-1998, la legislación
fue aprobada como Ley 685 del 2001. Lejos de garantizar los derechos de los
pueblos indígenas y de proteger el medio ambiente, la ley de minería en
Colombia sigue el camino de otras legislaciones ‘modernizadas’, privatiza la
auditoria ambiental y ha estado impulsando las continuas violaciones a los
derechos humanos e indígenas en las regiones mineras del país. [17]
DFAIT: Relaciones Exteriores para las Compañías Mineras Canadienses
En conjunto con ACDI, muchas otras entidades canadienses han estado
involucradas en el apoyo a la industria minera. El DFAIT (el Departamento de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional) ha estado activo en arreglar y
facilitar reuniones entre representantes de las compañías canadienses y
funcionarios de gobiernos extranjeros. Delegaciones de Comercio federal y
provincial y de diplomáticos canadienses también promueven la inversión en el
sector de minería. En una conferencia al Club Minero dada en un almuerzo en
Argentina en el 2000, el entonces Ministro de Comercio Exterior Pierre Pettigrew
declaró que Canadá estaba “ansiosa de continuar trabajando de cerca con las
autoridades mineras de los países de América Latina”, demostrado por las
agencias canadienses oficiales con la ‘ayuda’ a Argentina para la
implementación de sus ‘objetivos en el desarrollo de la minería’ y por la
oficina Geomatics establecida en la Embajada Canadiense en Argentina en 1998
por el entonces Ministro de Recursos Naturales Ralph Goodale.[18]
Otro apoyo activo para las compañías canadienses de minería en el
exterior es la agencia de crédito exportadora canadiense, la Corporación de
Desarrollo de Exportaciones (EDC, por sus siglas en inglés), también fundada
por la población que paga impuestos. Junto con los reactores nucleares y otros
proyectos del sector de energía, las empresas mineras son frecuentemente
apoyadas por la EDC, la cual se especializa en financiar y asegurar los
proyectos que lo más probable es que resulten en desastres sociales y
ambientales, puesto que el apoyo privado para esos proyectos es más difícil de
obtener. Sin estar sujeta a la regulación ambiental canadiense ni por el
Decreto de Acceso a la Información, la EDC es nada transparente ni se le obliga
a rendir cuentas a nadie. A través de años de investigación, las ONGs
canadienses han descubierto detalles del apoyo de la EDC a muchas minas
alrededor del mundo que tienen como resultado enormes desastres ambientales y
sociales.[19] Quizás el caso más famoso es el de la mina de Omai en
Guyana, Sudamérica.
En el año de 1992, la EDC dio un seguro por riesgo político de $163
millones de dólares a la corporación minera de oro canadiense Cambior para la
mina de oro Omai en el Amazonas de Guyana. Una tercera parte de esta cantidad
fue reasegurada por el OMGI, del Grupo del Banco Mundial. El 19 de Agosto de
1995, una represa colapsó, derramando unos 3.2 billones de litros de cianuro y
desechos de metales pesados en el río Omai, el que desemboca en el río
Essequibo, el principal río navegable del país. El derrame tuvo impactos
devastadores en la vida del río, agricultores, pescadores y las comunidades a
lo largo del río. A pesar de los informes oficiales que encontraron a Cambior
totalmente responsable del incidente, funcionarios canadienses cabildeaban al
gobierno de Guyana para que reabrieran la mina poco después del derrame. En
respuesta al desastre surgieron protestas por todo Guyana, con mensajes tales
como ‘Lleven su veneno de regreso a Canadá’.
De las ONGs nombradas para velar por los derechos indígenas y el medio
ambiente, a la ‘ayuda’ gubernamental para el ‘desarrollo’, a los diplomáticos,
al financiamiento directo y seguros, la implicación de Canadá en la industria
minera en todo el mundo, revela la verdad detrás de su ‘promoción de
responsabilidad social corporativa’: como otros actores globales, Canadá
implementa activamente el modelo de ‘desarrollo’ que representa y sirve a la
agenda de los negocios transnacionales.
2.3 Los Sospechosos de Siempre: los EE.UU., seguridad privada... y ¡la
ONU!
De una manera similar, el gobierno de los Estados Unidos juega un
significante papel en el apoyo a sus compañías mineras transnacionales. Las
compañías de seguridad privada y militar también juegan un papel importante que
va en aumento protegiendo las propiedades mineras e intereses en el extranjero.
Las Naciones Unidas han tenido de alguna manera una posición ambigua sin
embargo han asistido a las compañías.
Fondos Públicos: USTDA y el Banco Exportador-Importador
La agencia exportadora de crédito de los Estados Unidos – el Banco
Exportador-Importador – es similar a la EDC en su financiamiento y seguros de
las corporaciones de los Estados Unidos, incluyendo compañías mineras. La
Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en
inglés) provee concesiones al sector público y privado por la anticipada
planificación de actividades de los proyectos. Por supuesto, los fondos
dependen del otorgamiento de los contratos a las compañías de los Estados
Unidos; los pagos son hechos desde la USTDA directamente al contratista
estadounidense. Entre las concesiones relacionadas a la minería en América
Latina, la USTDA ha fundado muchos estudios de factibilidad para los proyectos
de minería en Bolivia, Brasil y la Republica Dominicana. En el 2001, un
proyecto proporcionó una donación para llevar a cuatro funcionarios de gobierno
de la provincia de Neuquen, Argentina, junto a representantes de la Embajada de
los Estados Unidos en Buenos Aires, a los Estados Unidos para conocer
potenciales inversionistas estadounidenses del sector minero.
Mercenarios para la Minería
Un desarrollo bastante reciente ha sido el incremento en el uso de las
compañías de seguridad, las compañías militares privadas y mercenarios por las
compañías mineras. En algunos casos, tales como Colombia, hay enlaces directos
entre mercenarios, compañías privadas de seguridad, paramilitares, fuerzas
armadas del Estado, ayuda militar de los Estados Unidos y proyectos de minería.
Cada vez más, estas compañías privadas de seguridad y militares son empleadas
directamente por las compañías mineras transnacionales, sin embargo en muchos
casos no se distinguen de los mercenarios, sus mandatos son vagos y sus
regulaciones casi en su totalidad carecen de leyes nacionales e
internacionales; “ellos no reportan sus actividades excepto a los que tienen
los mismos intereses privados. Nada les exige informar de sus actividades a la
población local, a los gobiernos anfitriones o a los gobiernos de los países de
donde ellos vienen.”[20]
En Ghana, Goldfields Ghana, una compañía minera Surafricana, subcontrató
a ‘John van Nostrand Associates Limited’ (conocida ahora como ‘Planning
Alliance’), una firma canadiense especializada en ‘reasentamiento humano’, para
reubicar a más de 20,000 personas. Cuando algunas comunidades en el distrito de
Tarkwa rechazaron los términos propuestos/impuestos por Goldfields Ghana, esto
resultó en brutales violaciones a los derechos humanos incluyendo el asesinato.[21]
¿Son las Naciones Unidas los Buenos?
Como contraste, las Naciones Unidas (ONU) son (o por lo menos fueron)
generalmente consideradas de ser quienes mantienen la paz en el mundo,
reputación similar a la de Canadá. Sin embargo, en los años 1960 y en los 1970,
el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) estaba activamente
explorando depósitos de mineral en muchos países en vías de ‘desarrollo’. Los
objetivos eran ostensiblemente apoyar los esfuerzos para explotar los recursos
naturales para el desarrollo nacional. No obstante, al mismo tiempo, muchos de
estos países eran gobernados por notorias dictaduras militares corruptas
ocupadas en torturas, desapariciones forzosas y masacres. Después que la ONU
abandonó su Centro de Corporaciones Transnacionales, se ocupó en otra
iniciativa relacionada con la minería. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) formó un equipo con cinco de las principales compañías mineras (Placer
Dome, BHP, Pasimco, Rio Tinto, WMC), algunas de las cuales han estado implicadas
en serias violaciones a los derechos humanos, para formar la ‘Alianza Mundial
de la Salud Comunitaria.’ Considerado como un esfuerzo para limpiar la imagen
negativa de la industria minera, la Alianza tiene como fin “mejorar la salud
comunitaria a través de la promoción, el desarrollo y la facilitación de
proyectos dirigidos por el sector privado.” [22]
La Alianza Mundial para la Salud Comunitaria no es la única iniciativa
de las compañías mineras de convencer al mundo de que ellos son amigos del
medio ambiente, responsables socialmente y lo más importante, que la minería de
hecho es sostenible. Mientras que al
principio podría parecer ridículo que la explotación de los recursos no
renovables puedan ser denominadas sostenibles, este doble discurso ha hecho su
camino dentro del camino de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs) y las compañías que hablan acerca de la
minería. El Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible,
irónicamente representa a muchas de las compañías multinacionales más
destructivas en el mundo, ellos contrataron al Instituto Internacional para el
Medio Ambiente y Desarrollo, para conducir “un proyecto de investigación y
consulta independiente de dos años para tratar de entender cómo el sector de
minería y minerales puede contribuir a la transición al desarrollo sostenible.”
‘El Desarrollo Sostenible de Minería y Minerales’ (MMSD por sus siglas en
inglés) proyecta contribuir a la industria minera con un exitoso cabildeo para
que la minería sea incluida como una actividad ‘sostenible’ en la Cumbre
Mundial del Desarrollo Sostenible.[23]
2.4 Comerciando la Autonomía, Tierra, Minerales, Derechos y Desarrollo
Otra herramienta de las corporaciones es proveer fondos para varios
convenios de comercio e inversión bilaterales y multilaterales entre los países
de donde se originan las mayores corporaciones transnacionales y los países en
donde depositan sus intereses e inversiones. Las compañías mineras no son la
excepción.
NAFTA – Inversión vrs. Comunidades
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN; NAFTA por sus
siglas en inglés) en su famoso Artículo 11, que tiene que ver con la protección
a la inversión y los procedimientos por medio de demandas en caso de
infracciones, está siendo utilizado como modelo para la mayoría de los Tratados
de Libre Comercio actualmente llevados por los Estados Unidos, incluyendo el
Tratado de Libre Comercio del Área de las Américas (FTAA por sus siglas en
inglés). Como se verá en la Sección IV, la compañía minera canadiense Glamis
Gold está utilizando el Capítulo 11 para demandar a los Estados Unidos por la
legislación de California que establece regulaciones especiales del medio
ambiente para proteger los lugares sagrados de las Primeras Naciones de la
minería a cielo abierto. El artículo 11 del NAFTA y sus capítulos paralelos en
otros Tratados de Libre Comercio, efectivamente eliminan las opciones de los
gobiernos locales, provinciales/estatales y nacionales de legislar o de otro
modo actuar en favor de la población cuando estas acciones puedan afectar la inversión de las compañías.
En preparación para (y como una condición de) el NAFTA, México cambió el
Artículo 27 de su Constitución. Este capítulo previamente ha ofrecido derechos
y protección para la tierra comunitaria – conocido como ejidos – y fue aplicable a numerosas comunidades indígenas por todo
el país. Como la tierra comunitaria fue legalmente considerada no transferible,
esto proporcionó oportunidades a las comunidades de determinar los usos de su
territorio. Con los cambios al Artículo 27, alineados con el marco de trabajo
del ‘libre’ mercado promovido por las Instituciones Financieras Internacionales
toda la tierra puede ser ahora comprada y vendida colocando la propiedad
privada sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de determinar
su propio camino al desarrollo.
Mientras estos cambios obviamente han beneficiado a las compañías
mineras, ellos también han sido atraídos por la reformada Ley de Minería de
1992 (desarrollada con la ‘asistencia’ del Banco Mundial) y la subsiguiente Ley
de Inversión Extranjera. La Ley de Minería establece la minería como una
actividad de ‘interés público’ y le da la prioridad sobre otros usos de la
tierra abierta a la mayoría del sector de la propiedad privada y ofrece incentivos
significativos para atraer inversionistas extranjeros. La Ley de Inversión
Extranjera y el Capítulo 11 del NAFTA hace permanentes
los derechos de estos inversionistas, a costa de la población local, los
pueblos indígenas y la legislación nacional del medio ambiente.[24]
Las cláusulas de protección a la inversión en los Tratados de Libre
Comercio restringe las posibilidades de las comunidades, regiones y países a
determinar que tipo de inversiones, proyectos o estrategias servirán mejor para
el desarrollo del país y las necesidades de la población. Esencialmente ellos
graban en piedra el proceso de legislación, ‘modernización’ y la privatización
de los recursos naturales y el capital del Estado, impuesto por el Banco
Mundial. Si un país que forma parte de tales Tratados de Libre Comercio fuera a
promulgar una moratoria a la minería a cielo abierto (Costa Rica ha declarado
tal moratoria), a reformar la ley de minería para reflejar las demandas por
regulaciones rigurosas del medio ambiente y mecanismos de consulta, implique y
beneficie a las comunidades locales, o nacionalice minas o capital minero, las
compañías pueden inmediatamente invocar las cláusulas de protección a la
inversión de los Tratados de Libre Comercio y demandar al país en donde los
derechos de los inversionistas sin duda ganarán.
El 1 de Enero de 1994, fecha en que el NAFTA entró en vigencia, el
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) saltó al escenario público.
Retando a la imposición del ‘desarrollo’ y del ‘libre’ comercio en México, el
movimiento Zapatista basado en la comunidad ha trabajado para implementar una
manera diferente de desarrollo en Chiapas, basados en el control local,
democracia participativa autonomía indígena y sus derechos y las necesidades y
prioridades comunitarias. Respuestas tales como que los Zapatistas son
solamente lógicas, considerando que las limitadas opciones de las comunidades
para buscar cambios a través de los medios legales existentes son eliminadas
efectivamente por la ratificación de estos acuerdos. De cara a las actividades
de una compañía minera en sus tierras comunitarias, la población indígena de
Aquila, Michoacán, México reflexionó sobre el tema: “En su visita a Chiapas,
[el Presidente mexicano] Fox aseguró que el Zapatismo ‘era cosa del pasado’. Le
preguntamos, ¿Si es cosa del pasado, por qué
tenemos las mismas necesidades y carencias que siempre han existido?” [25]
Canadá y los Estados Unidos, países de origen de la mayoría de las
compañías transnacionales mineras, han establecido los Tratados de Libre
Comercio y acuerdos bilaterales con muchos de los países en donde estas
compañías operan. En el caso de Canadá, se ha indicado que una de las fuerzas
del país que dirige detrás de las negociaciones de Tratados de Libre Comercio
regionales y bilaterales y de los Acuerdos de la Protección a la Inversión
Extranjera es el poderoso cabildeo del sector minero.
2.5
¿Cuales Derechos Indígenas?
La visión
de desarrollo e idea del mundo expresadas en los Tratados de Libre Comercio y
en general en el modelo neoliberal de ‘desarrollo’ – que el valor de todo,
incluyendo la tierra, los minerales, el aire, el agua y la cultura yace en la
dimensión de su valor monetario – entra en conflicto profundo con la
cosmovisión expresada por muchos pueblos y comunidades indígenas – que la
Tierra (terrenos, minerales, aire, agua, etc.) es sagrada; la tierra y sus
recursos a nadie pertenecen y su uso es comunitario.
Los
pueblos indígenas han sido desproporcionadamente afectados directamente por las
actividades mineras en todo el mundo. La organización MineWatch estima que
desde 1940 más de la mitad de todo el uranio había sido extraído de territorios
indígenas y que para el 2010, la mitad de todo el cobre y oro minados estará en
tierras indígenas.[26] Mientras muchos activistas ven la
actual tendencia global de la minería como una manifestación de “el desequilibrio de poder entre la gente
común y sus defensores y la implacable expansión de la agenda de los negocios
trasnacionales,”[27] es importante reconocer que el
desequilibrio de poder entre este último y los pueblos indígenas es de enormes
variables.
En
América Latina, no es exactamente un reciente acontecimiento el que hayan
extranjeros en busca de oro y otros metales en territorios indígenas; más de
quinientos años después, las compañías Norteamericanas siguen el pillaje
comenzado por los españoles. Aunque ahora hay regulaciones, leyes y normas que
se refieren al respeto de los pueblos indígenas, su consulta en todo lo que les
afecta y por supuesto la responsabilidad social de las corporaciones, la
realidad no es del todo alegre:
Por ejemplo en Guyana, la renuencia del gobierno para reconocer los
derechos de los pueblos indígenas es en gran parte resultado de la presión de
las instituciones financieras internacionales, el cabildeo de la minería y los
antiguos financistas del gobierno para facilitar el acceso en el interior al
oro, la bauxita y los diamantes. Del mismo modo, en la vecina Venezuela, en
donde los derechos de los indígenas son menos reconocidos que en casi cualquier
otro lugar de América Latina, los que hacen cabildeo para las mineras promulgan
que la “vocación natural” de su país es la minería, que lleva radicalmente a
reescribir las leyes nacionales para facilitar la minería a las compañías
extranjeras en territorios indígenas.[28]
La Convención 169 de la OIT: Se ve bien en Papel
Mientras
que los países Latinoamericanos (México, Ecuador, Costa Rica, Colombia,
Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y Paraguay) dan cuenta de más de la mitad de
ratificaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la única convención internacional vigente para tratar con los derechos
de los pueblos indígenas, en la mayoría de los casos estos derechos se han
quedado en el papel en el que fueron escritos. El Convenio 169 asegura el control de los pueblos indígenas
sobre sus tierras, recursos y desarrollo; ellos deben ser consultados y
participar en cualquiera de los proyectos o programas que directamente les
afecte. Con respecto a minería, el Artículo 15 (2) estipula que:
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Hay
serios numerosos obstáculos que enfrenta la implementación de este y otros
derechos garantizados en el Convenio 169. Estos son la responsabilidad de los
Estados que han ratificado para desarrollar y aplicar la legislación de acuerdo
al Convenio; sin embargo, algunos países simplemente no han hecho esto. Otros,
como fue descrito en el caso de la formulación de la legislación Colombiana, no
se molestan para cumplir con las consultas inclusive cuando los mecanismos se
han establecido en la legislación nacional. Muchos grupos y organizaciones
indígenas han criticado el lenguaje ambiguo del Convenio debatiendo que
expresamente ésta no les da poder de veto a los grupos y comunidades indígenas
para vetar los proyectos que les afectarán a ellos o a sus tierras. Otros denuncian
la frecuente manipulación del proceso de ‘consulta’, especialmente en donde no
se ha establecido un procedimiento para regular las consultas. Frecuentemente,
los pueblos y comunidades indígenas son ‘consultados’, pero sus sugerencias al
caso o su categórico rechazo no es tomado en consideración. Algunas veces, las
consultas son llevadas a cabo con un pequeño grupo favorable al proyecto para
obtener la aprobación de una organización ‘representante’; también han habido
acusaciones de la creación de organizaciones indígenas ‘fantasmas’ o
‘paralelas’ especialmente para éste
propósito.
El Banco Mundial y las ‘Consultas’
Las propias políticas del Banco Mundial que tratan con las consultas y
la participación de los pueblos indígenas en proyectos financiados por bancos
encaran más de las mismas críticas y fracasos como las de la implementación del
Convenio 169. Irónicamente, incluso si bien se tuvieron numerosas consultas
para revisar el Directivo Operacional no. 4.20 del BIRF, el borrador “no
incluye muchas de las recomendaciones más importantes hechas por los pueblos
indígenas en la primera ronda de las consultas incluyendo: el derecho al previo
e informado consentimiento, el monitoreo de los proyectos de bancos por los
indígenas y un justo requerimiento de ‘mitigación.’”[29]
Si el borrador del proceso de consulta por sí mismo es un indicador, no se
puede esperar mucho de las actuales políticas del Banco Mundial con respecto a
la consulta con los pueblos indígenas. Además ¿que tipo de protección se puede
esperar de una institución que apoya, asegura y lucra de los proyectos de
minería que afectan a los pueblos indígenas?
III.
RECONSTRUYENDO GUATEMALA Y HONDURAS
Honduras
y Guatemala han estado sujetas a una continua presión por parte del Banco
Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y son parte de los Tratados
de Libre Comercio de Centro América (CAFTA por sus siglas en inglés) – en
espera de su ratificación – y un TLC Canadiense similar que actualmente esta
siendo negociado. Ambos países ‘modernizaron’ sus legislaciones de minería a
finales de los 1990, introduciendo docenas de compañías transnacionales
mineras, con concesiones y licencias de exploración y explotación en ambos
países.
El
pretexto utilizado para estos cambios con frecuencia ha sido la ‘reconstrucción’.
En el caso de Guatemala, los 36 años del conflicto armado del país oficialmente
terminó con los Acuerdos de Paz en 1996. Honduras fue devastada por el huracán
Mitch en 1998. Ambos eventos ofrecieron una oportunidad para la ‘reconstrucción’
y ‘transformación’; ambos eventos apuraron reformas legislativas y de políticas
reflejando el marco de trabajo neoliberal conducido por las Instituciones
Financieras Internacionales, los gobiernos Norteamericanos y las corporaciones
multinacionales.
Guatemala
y Honduras están siendo ‘reconstruidos’ para beneficiar a los inversionistas
extranjeros en detrimento de las
comunidades locales. Las tendencias actuales en la minería global se aplican a
la región, aunque con certeza la minería no es nueva para Centro América.
3.1
Una Breve Historia de Invasión, Persecución y Genocidio
Muchos
estudiosos de las civilizaciones de la región Mesoamericana prehispánica,
informan que mucho del oro utilizado vino de los ríos del territorio Lenca
(ahora localizado en las fronteras de Honduras); muchos pueblos indígenas de
Centroamérica trabajaron en la minería artesanal en pequeña escala. Con la
invasión española, el genocidio acompañó la sed por las riquezas, a medida que
las minas de plata y oro se fueron estableciendo a través del continente
americano, los esclavos indígenas fueron enviados a la muerte en terribles
condiciones de trabajo. En donde la población indígena no era suficiente para
reemplazar las vacantes de trabajo dejados por los fatales accidentes y las muertes
causadas por la naturaleza del trabajo y condiciones de salud, se llevaron
esclavos Africanos.
Después
de más de dos siglos de que sus recursos han sido llevados a España y después
de la división de la corta vida de la Federación Centroamericana, una de las
primeras cosas que las recientes Repúblicas Centroamericanas ‘independientes’
hicieron para definirse, fue aprobar una serie de Reformas Liberales. Las
Reformas se extendieron a través de Honduras en los años 1870. El primer
proyecto que se llevó a cabo en este contexto fue el ‘desarrollo’ de la
minería. Las autoridades Liberales nacionales se otorgaron a ellos mismos
enormes tierras para minería, con la esperanza de atraer inversionistas
extranjeros, en conjunto con su capital y tecnología. La Constitución de 1880 (o ‘Prostitución de
la República’, como algunos hondureños se refieren a esta) incorporó estas
políticas: “El Estado proveerá todo lo conducente al bienestar y adelanto del
país, fomentando . . . la importación del capitales extranjeros . . . por medio
de leyes protectoras de estos fines, concesiones de privilegios temporales y
recompensas de estímulo.”
Las
compañías de los Estados Unidos pronto pudieron tomar control de la industria
de los hondureños, así como también las pocas compañías mineras inglesas que
habían estado operando en el país. Accionistas de concesiones estaban exentos de pagar impuestos, podían importar la
maquinaria sin pagar derechos aduanales y traer expertos técnicos desde los
Estados Unidos para administrar las minas. Tenían permitido explotar el bosque
que se encontraba en la concesión y tenían acceso sin restricciones al recurso
del agua.
Todos
estos ‘beneficios’ presagiaron los ofrecidos en la legislación actual del país
y alrededor del mundo; Honduras ha sido gobernada por los intereses de los
Estados Unidos casi desde su proclamación de ‘independencia’. Durante la mayor
parte del siglo XX, enclaves de las minas propiedad de la famosa New York and
Rosario Mining Company fueron encontrados dispersos en Honduras. Aunque habían
algunas acciones y huelgas significativas por los mineros conectados con un
movimiento laboral mas amplio en Honduras, los enclaves continuaron operando
hasta que las operaciones mineras comenzaron a menguar. Durante todo este mismo
período, hubo una gran cantidad de ocupaciones e intervenciones en Honduras por
los soldados de la Marina de los Estados Unidos y otras fuerzas militares, para
proteger a los intereses estratégicos y de las compañías.
En
contraste, Guatemala siguió el camino de la mayoría de los países de América
Latina en términos de legislaciones y políticas de minería y no abrió
totalmente de inmediato el sector minero a la propiedad extranjera. Sin
embargo, detrás del golpe militar – organizado y financiado por los Estados Unidos,
la CIA y la United Fruit Company debido, una vez más a la propuesta de un
modelo de desarrollo alternativo – que derrocó al gobierno democráticamente
electo de Jacobo Arbenz en 1954, se produjeron varios cambios en la legislación
minera (Decreto # 272, 1955; Código de Minería, 1965). Las concesiones fueron
emitidas por una serie de dictaduras militares, comprometidas en constantes
negociaciones con compañías extranjeras de níquel. Se asegura que el Código de
Minería de 1965 de Guatemala fue trazado por un representante de la Compañía
Internacional de Níquel (INCO por sus siglas en inglés), la principal en el
país a través de su subsidiaria EXMIBAL (Exploraciones y Explotaciones Mineras
Izabal, S.A.). En 1965, se le concedieron a la EXMIBAL 365 kilómetros cuadrados
en una concesión minera en el área de El Estor, Izabal; sin embargo, la
creciente oposición evitó que la compañía obtuviera un acuerdo de explotación
con el gobierno de Guatemala. En una conferencia en 1969 las demandas y
propuestas políticas fueron fomentadas y una Comisión fue formada para
organizar la oposición al proyecto.1
En 1970,
bajo la dictadura militar de Arana, el gobierno inició una campaña de represión
en contra de los miembros de la Comisión y de la oposición en general. En los
meses siguientes, en noviembre de 1970 se declaró un estado de sitio, dos
miembros de la Comisión fueron asesinados (Julio Carney Herrera, abogado y
Adolfo Mijangos, abogado) y un tercero (Alfonso Bauer Paiz, profesor de
derecho) sobrevivió un atentado de asesinato. Un mes después, la EXMIBAL
alcanzó un acuerdo de explotación con el gobierno de Guatemala. Esto favoreció
a la compañía y la mayoría de los beneficios fijados por el Estado fueron
manipulados por la compañía hasta el fin del curso de sus operaciones, las que
terminaron en 1982 cuando el precio del níquel se vino abajo.
Aunque
los continuos temas de impunidad, daño al medio ambiente, daño y violación a
los derechos de los indígenas no han sido tratados, Skye Resources basada en
Vancouver recientemente ha obtenido renovación de la concesión en completa
violación a la Convención 169 y ha traicionando las promesas del propio
gobierno de consultar a las comunidades afectadas.
Mano a Mano: Las Industrias Extractivas y la Represión
La
historia de la exploración y explotación de los recursos naturales en el país
se ha caracterizado por el acompañado patrón de la persecución, los asesinatos
y el exilio forzado, considera el activista y periodista guatemalteco Victor
Ferrigno. En los años 1970, pasaban las leyes para regular la exploración y
explotación del petróleo para atraer inversionistas extranjeros; muchos
congresistas que se opusieron al código fueron asesinados. Las actividades de
petróleo y minería fueron acompañadas por oficiales militares, quienes se
apropiaron de inmensas áreas de tierra en el oriente de Guatemala
pertenecientes a las comunidades indígenas y a los campesinos. Se sabe de la
presencia de los militares en las reuniones de la compañía EXMIBAL y se asegura
que la compañía estuvo implicada en la masacre de Panzós en 1978. En 1977,
después de una enorme manifestación de trabajadores mineros de Huehuetenango a
la capital, el consejero legal de los trabajadores fue asesinado. Es casi
imposible demostrar en definitiva la razón exacta por lo que estas personas
fueron asesinadas, comenta Ferrigno, pero el patrón es claro, la industria
extractiva siempre ha estado ligada a la persecución.2
3.2
Una Ventana a la Oportunidad
En 1996
fueron firmados los Acuerdos de Paz, después de 36 años de conflicto armado que
dejó 200,000 personas muertas o desaparecidas, de acuerdo con la Comisión de
Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas se encontró que las fuerzas
gubernamentales fueron responsables del 93% de las muertes y que el 80% de las
víctimas eran de los pueblos indígenas. En lugar de dar seguimiento a los
Acuerdos de Paz, buscar justicia por las atrocidades cometidas o tratar los
temas fundamentales de exclusión y pobreza sistemática, el Gobierno de
Guatemala ha ido más allá al implementar políticas neoliberales de
privatización y ‘liberalización’ del mercado que empeoraron estos temas
fundamentales.
En 1996,
el gobierno por medio del Ministerio de Energía y Minas, invitó a varias
compañías a realizar exploraciones minerales en el país. En 1997 una nueva Ley
de Minería (Decreto Numero 48-97) fue aprobada, en conformidad las normas de la
legislación reformada alrededor del mundo dirigida por el Banco Mundial.
En 1999,
en la reunión anual del Foro Económico Mundial, Eduardo Stein Barillas, entonces
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo que “toda destrucción lleva consigo una oportunidad para la inversión
extranjera,”3 refiriéndose al
Huracán Mitch. Honduras fue el país más golpeado por el Huracán, dejando miles
de personas muertas, miles sin vivienda y destruyendo la infraestructura en
todo el país. Muchos de los ríos navegables fueron contaminados como resultado
de la apertura de las minas de oro, contaminando directamente con mercurio y
residuos metálicos los ríos y el suelo.
En lugar
de tratar la inequidad fundamental y la pobreza estructural que causó que este
fenómeno natural fuera un desastre social, económico y ambiental de dimensiones
catastróficas, Honduras rápidamente se dio cuenta que la situación era “una ventana de oportunidad para construir
el futuro,”4 y rápidamente colocó
ladrillos de construcción para el tipo de futuro que la élite económica, el
Banco Mundial e inversionistas extranjeros tenían en mente. En pocos meses
después del Mitch, una serie de leyes y reformas fueron empujadas en el
Congreso: permitiendo el involucramiento del sector privado en los proyectos
del aeropuerto, carreteras y energía; reformas en el sector bancario para
facilitar la movilización de recursos extranjeros; y una reforma Constitucional
para permitir la inversión extranjera a lo largo de la costa y en las islas
tanto en el Caribe como en el Pacífico, reforma que ha sido punto de conflicto
entre los empresarios del sector de turismo y los pueblos indígenas y Garífuna.
Estas
iniciativas fueron auxiliadas por el hecho de que el país todavía estaba
tambaleándose por la destrucción y por el éxito de los esfuerzos del gobierno
de reunir a las organizaciones sociales y grupos de oposición al llamado para
ayuda humanitaria y la reconstrucción. Muchas organizaciones han admitido que
en el período de emergencia que siguió al Mitch, ellos se comprometieron con
los esfuerzos humanitarios necesarios para enfrentar la situación y estuvieron
así lo suficientemente distraídos del análisis de la ‘reconstrucción’ que
estaba siendo implementada a nivel de políticas y del legislativo. El gobierno
de Carlos Flores Facussé, el que previamente fue criticado con fuerza y originó protestas por todos lados y
el que también se dice que estaba directamente implicado en el resurgimiento de
las actividades de los escuadrones de la muerte y los paramilitares
comprometidos con la represión política, fue salvado por el peor evento natural
que se ha visto en el istmo.
En este
contexto, la Ley General de Minería en un atardecer, con poca discusión, pasó
en el Congreso Nacional solamente unas semanas después de que el Mitch golpeó a
Honduras. Numerosos informes indican que la reforma a la legislación fue parte
de un Programa de Ajuste Estructural del Banco Mundial y que la institución
estuvo muy implicada en ayudar con la formulación de la ley. Manteniendo los
métodos del Banco Mundial, el sector privado estuvo involucrado en el proceso;
un miembro de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras sostuvo
que los abogados de las compañías transnacionales mineras redactaron la ley.
3.3
Lo más Sobresaliente de la Nueva Legislación
La nueva
legislación de minería en Guatemala y en Honduras es similar y probablemente
basada en las leyes guiadas por el Banco Mundial a través del continente.
Además, se asegura que Canadá jugó un papel en los cambios a la legislación;
las organizaciones en Guatemala informan que dentro del contexto de la creación
de la Alianza para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de las Américas en Miami
en 1994, un acuerdo bilateral de cooperación fue alcanzado entre Canadá y la
Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Centro América. De los seis
temas identificados por la Alianza, al parecer Canadá financió un proyecto que
tiene que ver con la cooperación privada y pública y el diálogo con respecto a
las regulaciones sobre el medio ambiente. Las organizaciones han indicado que
esta ‘cooperación’ también tuvo que ver con la nueva legislación de minería en
Guatemala.5
Aunque el
Estado permanece como el propietario de todos los derechos del subsuelo, las
nuevas leyes de minería establecen un sistema de concesiones y licencias que
esencialmente regalan todas las ganancias y beneficios de esos derechos, a
cambio de un miserable 1% en regalías. En Honduras, las regalías son pagaderas
a la municipalidad en la cual la mina está operando. En Guatemala, el 1% es
para dividirlo entre la municipalidad y el gobierno central. La mayoría de los
otros impuestos a pagar por las compañías mineras al Estado o han sido
reducidos o sujetos a ‘vacaciones de impuestos’ otorgados por ambos gobiernos.
Muchos
artículos sobre la legislación de minería de ambos países, en términos de los
beneficios y derechos a concesiones o a los que poseen licencias, han sido
denunciados repetidamente por los activistas locales. El Artículo 23 de la Ley
General de Minería de Honduras da los siguientes beneficios a los que poseen
concesiones: el libre uso de la tierra improductiva del gobierno dentro y
afuera de la concesión; el uso de tierras privadas que se necesiten para la
operación, incluyendo la expropiación donde sea necesario; el uso de los
recursos de agua dentro y afuera de la concesión, por las operaciones y
empleados de la compañía.
Las
concesiones y licencias mineras son irrevocables excepto en casos muy
limitados, aunque estos nunca han sido invocados por el gobierno incluso cuando
existía bastante evidencia de serias violaciones. Las leyes de Guatemala y
Honduras tienen cláusulas peligrosas que dan su permiso y negligente aprobación
a las compañías cuando las autoridades no responden a los Estudios de Impacto
sobre el Medio Ambiente y a los Estudios de Mitigación dentro del plazo
estipulado. Ambos incluyen expropiación forzada y reasentamiento involuntario y
ninguno contempla consultas con los pueblos y comunidades indígenas afectados,
aunque en ambos casos la legislación entró en vigencia después de la
ratificación del Convenio 169 de la OIT.
3.4
La Nueva Invasión - Guatemala
En
Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas hizo públicas unas estadísticas en
Noviembre del 2004, confirmando los resultados de un estudio realizado en
Febrero del 2004 por la Defensoría Q’eqchi, una organización de derechos
indígenas basada en el Estor la cual es parte de la Asociación Estoreña para la
Promoción del Desarrollo Integral (AEPDI). De las 147 licencias de exploración
y las 264 licencias de explotación, 97 de las primeras y 38 de las posteriores
son para minería metálica, extendidas en 16 departamentos y en 106 municipios.
La
Defensoría Q’eqchi subraya lo reciente de este violento ataque: el 95% de estas
concesiones fueron otorgadas entre el 2000 y la actualidad; las únicas
concesiones actuales otorgadas antes de la nueva ley fueron las concesiones a
EXMIBAL en Izabal y las viejas concesiones para la minería de plomo en
Huehuetenango. Es importante notar que la mayoría de la población de 9 de 16
departamentos afectados es indígena. Las comunidades indígenas o no, no han
sido consultadas ni siquiera informadas de que las tierras en donde ellos viven
y de la que ellos viven han sido concesionadas para las compañías mineras, la
mayoría de las cuales son extranjeras.
El
Ministerio de Energía y Minas ha identificado – en Noviembre del 2004, en un
informe preparado por el primer Foro Nacional de Minería el mes siguiente –
numerosas compañías transnacionales mineras que operan en el país. Sin embargo,
debido a que estas compañías se funden, adquieren o crean nuevas subsidiarias y
establecen empresas colectivas y otros acuerdos con regular frecuencia, el
flujo de la información es constante.
Entre las
compañías transnacionales mineras activas en Guatemala, casi siempre bajo el
nombre de subsidiarias están:
Glamis Gold Ltd. (Entre Mares de Guatemala; Montana Exploradora de Guatemala),
propietaria Canadiense y Estadounidense del ferozmente debatido proyecto Marlin
en San Marcos, el proyecto Cerro Blanco y otra serie de licencias y acuerdos de
empresas colectivas en todo el país. [Ver la Sección IV: Enfocándose en Glamis
Gold para más detalles]
International Nickel Company, INCO (EXMIBAL), canadiense propietaria de muchas
concesiones en Izabal, recientemente negociaron la venta de su controversial
proyecto con Skye Resources.
Radius Gold Inc. (Exploraciones Mineras de Guatemala), Canadiense, se enfoca en la
exploración y después vende o establece acuerdos de empresas colectivas de las
cuales Radius tiene numerosas con Glamis Gold.
Jaguar Nickel Inc. (Minera Mayamerica, Chesbar Resources), Canadiense, tiene como
propiedad numerosas concesiones de grandes mineras de níquel en Izabal.
Skye Resources Inc., Canadiense, recientemente tuvo un acuerdo con INCO para adquirir las
concesiones de níquel de la compañía en Izabal.
Icon Industries Ltd., Canadiense, recientemente firmó una carta obligatoria de intento para
obtener Corponiquel un proyecto de
níquel en Rio Negro.
Goldex Resources Corporation (Compañía Minera El Condor, Compañía
Internacional Minera), Canadiense, tiene 2 licencias exploradoras para
proyectos de oro cerca de la frontera con Copán, Honduras.
Firestone Ventures Inc., Canadiense, ha firmado una carta de intención con Redhawk Resources Inc. para adquirir una propiedad de zinc en
Huehuetenango.
Silver Crest Mines Inc., Canadiense, actualmente explorando una propiedad en el sur oriente de
Guatemala, parte del ‘Triangulo de la Plata’ de la compañía que envuelve
concesiones cercanas en Honduras y El Salvador.
Aurora Gold Corporation, El Oro Resources (Minerales Mayas) y Gifford Co. (Minerías del Quetzal)
están anotadas en la lista del Ministerio de Energía y Minas como compañías
canadienses; sin embargo, alguna de la información con respecto a la compañía
matriz y el país de origen de otras corporaciones fue anotada de manera inexacta en la lista,
así que es muy posible que estos no son los nombres de las compañías matrices.
Como
señaló la Defensoría Q’eqchi en su informe de Febrero del 2004: “El otorgamiento de cientos de concesiones
mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas constituye una grave
violación a los derechos de miles de guatemaltecos, indígenas y no, quienes
nunca fueron consultados ni informados que el subsuelo de sus tierras habría
sido concesionado a una empresa minera. Es importante subrayar que 9 de los 16
departamentos afectados son mayoritariamente de población indígena, y que
varios grupos pequeños (Ch’uj, Sipakapense, Ch’orti, entre otros) estarán en
peligro de etnocidio si los proyectos mineros se realicen.” 6 Las comunidades y organizaciones de todo el
país se están volviendo concientes de estas concesiones mineras y organizándose
activamente por sus derechos comunitarios e indígenas y el desarrollo
controlado localmente.
En medio
de denuncias, foros alternativos y acciones, el gobierno de Guatemala se
comprometió - durante el Foro Nacional de Minería, apoyado por la Embajada
Canadiense y el Banco Mundial entre otros - a consultar a las comunidades antes
de otorgar más concesiones mineras. Menos de dos semanas después, Skye
Resources anunció que las nuevas licencias de exploración le fueron otorgadas a
la EXMIBAL para su proyecto Niquecagua en Izabal.7 El mismo proyecto de níquel que fue el
origen de las violaciones a los derechos de los indígenas y de la represión del
Estado bajo propiedad de la INCO que ahora esta sujeta a un acuerdo con Skye de
adquirir el 70% de interés de la INCO en EXMIBAL.
Menos de
un mes después de otorgar las nuevas licencias, Guatemala envió al ejercito
para acompañar a un convoy, detenido por los habitantes de Sololá, con equipo
de minería destinado para la mina de oro Marlin de la Glamis Gold en San
Marcos. El conflicto que se sobrevino resultó con el asesinato de un
manifestante, como será discutido en la siguiente Sección: Enfoque en Glamis
Gold.
3.5 Ocupación en Curso - Honduras
En
Honduras, numerosas concesiones y licencias mineras fueron otorgadas a mediados
y finales de los 1990, antes de la ratificación de la nueva legislación minera.
Esto fue debido al ‘mejoramiento’ en el clima para la inversión extranjera
establecida en Centro América bajo la presión del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Sin embargo, muchas de estas compañías esperaron la
nueva legislación para así facilitar sus actividades de exploración y
explotación; las nuevas leyes atrajeron un alud de nuevas concesiones y
licencias para docenas de compañías transnacionales de minería atraídas por las
potenciales ganancias.
Hace
pocos años, el gobierno de Honduras ya había otorgado más del 30% del
territorio del país en concesiones para las compañías mineras, principalmente
de Canadá y los Estados Unidos. Muchas de estas, como las concesiones más
recientes, fueron aprobadas después de que la Ley General de Minería se hizo
vigente. Como en Guatemala, aunque en menor grado debido a la diferencia en la
proporción de las poblaciones indígenas,
algunas de estas concesiones afectaron a los pueblos indígenas y sus tierras.
Como en Guatemala, no han habido consultas, incluso a pesar de que la
legislación sobre minería fue aprobada después de la ratificación del Convenio
169 de la OIT. Los empleados del gobierno del DEFOMIN, que equivale al
Ministerio de Minería, insisten en que hay sesiones de discusión con los
representantes del gobierno y de las compañías para presentar el proyecto a las
comunidades como parte del Estudio de Impacto del Medio Ambiente y Social; sin
embargo, estas presentaciones claramente son de un solo lado para presentar una
decisión que de hecho ya ha sido tomada.
En
contraste con Guatemala, numerosas minas de oro y plata han sido establecidas
en Honduras en los años recientes. En términos de minería metálica, solamente
una mina operaba en el país antes de la Ley General de Minería y por el año
2001 se han incrementado a cuatro minas en operación. La más notoria de estas
minas es la de San Martín de la Glamis Gold, situada en el Valle de Siria, en
el departamento Francisco Morazán, la cual es discutida en la siguiente
sección.
San Andrés: Desalojo Forzado y Derrame de Cianuro
Otro
proyecto anterior – la mina de plata San Andrés en el departamento de Copán –
también ha sido sujeto de denuncias y protestas. Originalmente fue propiedad de
Greenstone, basada en Toronto, Canadá, muchos abusos y violaciones a los
derechos humanos se cometieron al forzar la expropiación y el reasentamiento
involuntario de una comunidad en la municipalidad de la Unión. Después de una
intensa presión de la compañía, las últimas tres familias que quedaban
accedieron a mudarse cuando el Director de Greenstone, Gerard Phillips se metió
a la localidad con un tractor, fracturando las dos piernas de un residente
quien se encontraba sobre un tanque de agua.8
Después
de que Greenstone dejó al país en quiebra, la mina fue adquirida por el Grupo
Atlantida, dueños del banco del mismo nombre que fue iniciado por la Standad
Fruit Company en el período de poder de la industria del banano, bajo control
de los Estados Unidos. En enero del 2003, la mina de San Andrés fue el lugar de
un voluminoso derrame de cianuro, contaminando el río Lara, el cual provee agua
potable para numerosas comunidades y alimenta a los ríos que proveen de agua potable
a la capital departamental, ciudad de Santa Rosa, Copán. Si bien, los
habitantes locales informaron de haber sido testigos de la eliminación de
evidencias por parte de la compañía, ellos se las arreglaron para acumular unos
18,000 peces muertos, testimonio del daño causado al ecosistema y muy
probablemente a la salud humana.
El Mochito: Diferentes Dueños, La Misma Contaminación
Con
varios dueños – New York and Rosario Mining Company, AMPAC, Geomaque
Explorations y ahora Breakwater Resources Ltd – la mina de zinc El Mochito en
el departamento de Santa Barbara ha operado por décadas. En los años 1960,
estudiantes que hacían trabajo de campo en el área del cercano lago Yojoa
encontraron evidencia de contaminación de uranio en el lago y en los peces. En
el 2001, basados en un informe del Centro de Estudios y Control de
Contaminantes (CESCCO) quienes encontraron a la mina culpable de verter
desechos de plomo, cobre y cianuro dentro de la corriente que alimenta el lago
y así contaminaron el agua, los peces y a los habitantes en el área, la Oficina
Especial del Fiscal del Medio Ambiente inició los procedimientos legales en
contra de la compañía.9
¿’Puerta Giratoria’ o Flagrante Impunidad?
La
Dirección General para la Promoción de la Minería (DEFOMIN) está a cargo de
atraer a los inversionistas, otorgando concesiones y asegurándoles el
cumplimiento con las regulaciones sobre el medio ambiente y zanjar disputas.
DEFOMIN y el gobierno de Honduras en general sin titubeos se han puesto al lado
de las corporaciones, auxiliados por el hecho de que seis años después, las
regulaciones para la Ley General de Minería tienen todavía que escribirse.
Legislaciones tales como las de la Ley General de Minería están acompañadas por
una detallada regulación para guiar su implementación, usualmente publicada – y
exigida – dentro de los 90 días de la ratificación de la ley misma. La
regulación, si existiera, supuestamente tocaría procedimientos de temas
importantes tales como los desalojos forzados de las comunidades y las medidas
para abordar el tema de las violaciones al medio ambiente y otras regulaciones.
Una
reciente investigación por un periódico independiente (El Libertador) donde la
periodista Karen Soto reveló las directas violaciones de la Ley General de
Minería, relacionada a la directa implicación de los representantes del
gobierno (a nivel municipal y en el Congreso Nacional) y sus parientes cercanos
como asociados de las compañías mineras.10 La sistemática impunidad demostrada por estos
ejemplos es evidente en la misma Ley General de Minería: Artículo 48 (Título
VI, Capítulo II) explícitamente prohíbe a las autoridades (incluyendo al
gobierno municipal y al Congreso) y sus cercana parentela (definitivamente
incluye hermanos) de adquirir o de beneficiarse directamente o indirectamente
de los derechos minerales. En el caso que una violación exista, el mismo
Artículo (48) dice que adquirir propiedades o derechos será sujeto al Capítulo
VII del mismo (VI) Título, ¡un Título que solamente tiene seis (VI) capítulos!
La misma
investigación también rebela que en la Secretaría de la Industria y Comercio
solo una compañía minera aparece en el registro, mientras que solamente tres
aparecen en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.11 Es en este contexto de total falta de
transparencia, con el gobierno y compañías que se solapan en complicidad e
impunidad que operan las siguientes compañías transnacionales mineras en
Honduras:
Glamis Gold Ltd. (Entre Mares de Honduras), Canadiense, propietaria de la mina de oro
San Martín y de numerosas concesiones en todo el país. (Ver Sección IV:
Enfocándose en Glamis Gold)
Silver Crest Mines Inc. (Compañía Minera Maverick), Canadiense, propietaria de cuatro
concesiones, todas de las cuales han sido sujetas a una fuerte oposición local
(en dos casos, exitosamente, al menos por ahora).
Defiance Mining Corporation (Geomaque, Representaciones de Centroamérica), Canadiense, propietaria
de la mina de oro Vueltas del Río, en Santa Bárbara, así como también de
numerosas concesiones, cubriendo 36,600 hectáreas (366 kilómetros cuadrados). Defiance ha sido comprada recientemente por
la transnacional canadiense Río Narcea y se sabe que está en proceso de vender
sus propiedades y proyectos en Honduras debido a que Río Narcea se enfoca en
España y Portugal.
Breakwater Resources Ltd. (AMPAC, Corporación Minera Nueva Esperanza), Canadiense, es la
propietaria de la mina de zinc El Mochito, así como de docenas de concesiones
por toda Honduras.
Maya Gold Ltd.
Con numerosas concesiones, fue adquirida por Centram Explorations, en contra la
cual una ‘Orden de Cese al Comercio’ fue emitida por la Comisión de Seguridad
de British Colombia en el 2003 por negligencia al llenar ciertos documentos.
Con todo, la subsidiaria hondureña Maya Gold, estuvo solicitando activamente
concesiones en el 2004, aunque la actual compañía matriz es desconocida.
Merendon Mining Corporation (Oro y Metales Preciosos), Canadiense, es la propietaria de docenas de
conseciones mineras en el departamento de Olancho, así como también de la única
refinería de oro de Centro América (localizada en Tegucigalpa) y de muchas
otras compañías, incluyendo el Merendon Hospitality Group, el que planea
construir hoteles lujosos en el país.
Five Star Mining, de los Estados Unidos, propietaria de muchas concesiones.
Inglesrud Corporation (Minera Virginia), de los Estados Unidos, propietaria de concesiones en
Yoro y Olancho en donde actualmente se esta enfocando en el proyecto ‘Los
Hornos’.
Double Star Resources Ltd. (Standard Mining Corporation, Exploración Aurora), Canadiense,
propietaria de numerosas concesiones, incluyendo el proyecto ‘Zopilote’ en
Santa Bárbara que está por comenzar, con la Defiance Mining Corporation como
copropietaria. Doublestar recién ha
negociado la venta de sus propiedades y proyectos en Honduras con RNC Gold,
aunque siempre retiene un interés en un proyecto en Balfate, Colón.
Globex Mining Enterprises Ltd. (Minerías Centroamericanas),
Canadiense/Quebequense, propietaria del prometedor proyecto de oro ‘El
Transito’ y de otras concesiones en Honduras, aunque Globex se refiere a sí
misma como una compañía Norteamericana que ‘esta en casa’.
Gold-Ore Resources Ltd. (Bienes Mercantiles), Canadiense, junto con Aur Resources esta
solicitando por una serie de concesiones para agregarlas a su colección.
First Point Minerals Corporation (First Point Honduras), Canadiense,
propietaria de dos grandes proyectos en Honduras, y tiene un acuerdo de
exploración con la compañía gigante BHP Billiton en Honduras, El Salvador y
Nicaragua. En el 2004, First Point solicitó cinco concesiones en la
municipalidad de Guayabe, Olancho que es rica en oro, en donde la población
local y los comités del medio ambiente de las comunidades de base están
preparadas para defender su territorio a toda costa.
Mena Resources Inc. Canadiense, propietaria de las concesiones ‘Minas de Oro’ en Comayagua,
la cual como con los previos propietarios ha encontrado oposición local.
RNC Gold Inc.,
Canadiense, parece ser la reencarnación de Greenstone, ya que su principal
capital son las minas en Nicaragua que previamente pertenecían a
Greenstone, ahora RNC tiene la opción de
adquirir un 25% de interés en la mina de San Andrés, en Copán, Honduras, que
también previamente fue propiedad de Greenstone. Recientemente
adquirió el proyecto de oro Zopilote en Santa Bárbara.
Brett Resources Inc., Canadiense, propietaria de una concesión y una Carta de Intención con
Tierra Colorada le da a Brett la opción de adquirir muchas concesiones más.
Intrepid Minerals Corporation (Minera Geoex, Fenix, Minerales Gracias a
Dios), Canadiense, con anterioridad fue propietaria de muchas concesiones por
todo el país, incluyendo diversas propiedades enormes en Mosquitia de mayoría
indígena. Se desconoce su actual situación.
Fisher-Watt Gold, de los Estados Unidos, previamente era propietaria de varias
concesiones y proyectos. Se desconoce su actual situación.
Debido a
que este tipo de información no es transparente ni accesible en Honduras, las
compañías matrices de muchos más accionistas de las concesiones no son claros,
sin embargo, los países de origen de algunos de los ‘propietarios’
(subsidiarios) aparecen en una reciente lista de solicitudes publicada por
DEFOMIN en Agosto del 2004: Tajo
Minerales (USA); Maya Mining Company
(USA); EXPLOMINH (Canadá); Tierra Colorada (Canadá); Minera de Cordilleras (USA); Recursos Santana (Canadá); Eurocantera (Italia); Cerro del Sur (Canadá) Comercial M y T Imp. y Exp. (Italia).
Solamente una pequeña cantidad de solicitudes de concesiones fueron presentadas
por compañías e individuales hondureños y es muy probablemente que al menos
algunas de éstas están comprometidas con la práctica común de ser
‘prestanombres’ para más adelante esconder la identidad de los verdaderos
inversionistas.
La
oposición a las minas y a las concesiones ha ido creciendo en los últimos años.
De cara a la Marcha por la Vida (realizada anualmente, organizada por
organizaciones que trabajan por los derechos del medio ambiente y los derechos
comunitarios de Olancho y de todo el país para denunciar la tala ilegal de
árboles, minería y otras actividades que destruyen gravemente el medio ambiente
y la vida comunitaria y con la presentación oficial de la Alianza Cívica para
Reformar la propuesta de la Ley de Minería en el Congreso Nacional), Ricardo
Maduro el actual presidente, anunció que no otorgaría nuevas concesiones
mineras hasta que las comunidades fueran consultadas. En un mensaje público
televisado, él prometió reformar la Ley General de Minería (aunque el siguiente
día aclaró que esto de ninguna manera afectaría a las minas que están operando
actualmente en el país).
El
decreto presidencial que temporalmente detuvo las concesiones no paso hasta
varias semanas después de lo prometido por Maduro. Mientras tanto, 52 nuevas
solicitudes de concesiones aparecieron en las páginas de los periódicos
locales, cortesía de DEFOMIN. Entre las concesiones de minería metálica,
Geomaque (subsidiaria de Defiance Mining Corporation) definitivamente ganó el gran premio; la compañía solicitó más de
20,000 hectáreas (200 kilómetros cuadrados) en concesiones de minería en los
departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés.
_________________________________
1 Toda la información de este caso es
de Andy Astritis, “Canadian Mining Companies Violating Indigenous Rights in
Guatemala: El Caso de INCO en El Estor,” Derechos en Acción, Octubre 2003.
Contactar info@rightsaction.org para
el informe completo o más detalles de la historia de INCO en Guatemala, la
represión, violaciones a los derechos indígenas y la situación actual.
2 Entrevista con Victor Ferrigno,
Ciudad de Guatemala, 2 de Diciembre del 2004.
3“Central America After Hurricane
Mitch,” Reunión Anual del Foro Económico
Mundial, 30 de Enero de 1999, www.weforum.org
4 L. Enrique García, citado en
“Central America After Hurricane Mitch,” Reunión Anual del Foro Económico
Mundial, 30 de Enero de 1999, www.weforum.org
5Comunicación Electrónica entre el
Dr. Yuri Melini, Director del Centro Ambiental Legal y Social (CALAS) y Ginette
Martin, consejera política de la Embajada de Canadá en Guatemala, Noviembre del
2004.
6 Defensoría Q’eqchi’, “Análisis de
concesiones mineras – Tierras y culturas indígenas amenazadas,” Guatemala, Febrero
del 2004.
7Comunicado de Prensa, “New
Exploration Licenses Issued in Guatemala,” Skye Resources Inc, Vancouver, 14 de
Diciembre del 2004.
8 Center for Economic and Social Rights. The Price of Gold: Gold Mining & Human Rights Violations in
Honduras. 2001. página 13.
9 Leticia de Oyuela. Esplendor y miseria de la minería en
Honduras. Editorial Guaymuras: Tegucigalpa, 2003. páginas 195-196
10Karen Soto, “Autoridades entregan el
territorio nacional en pedazos a las mineras,” El Libertador, Tegucigalpa,
Diciembre - Enero 2005, página 25.
11 Karen Soto, “Autoridades entregan
el territorio nacional en pedazos a las mineras,” El Libertador, Tegucigalpa,
Diciembre-Enero 2005, página 25.
Asociada en 1972 bajo las leyes de British Columbia, Canada, Glamis Gold
Ltd. es una compañía canadiense pública. Su subsidiaria, la Glamis Gold Inc.
fue establecida en el mismo año en Reno, Nevada, donde se localiza la oficina
principal de la compañía. Glamis Gold compró varias otras compañías para
adquirir ciertos proyectos: Mar-West Resources Ltd., propietaria del proyecto
San Martín en Honduras (1998); Rayrock Resources Inc., 2/3 propietaria de la
mina Marigold en Nevada (1999); y Francisco Gold Corporation, propietaria del
proyecto El Suazal en Chihuahua, México y del proyecto Marlin en San Marcos,
Guatemala (2002).
Glamis también posee la mina Rand en California, así como distintas
concesiones y ‘proyectos’ en Honduras y Guatemala y de acuerdo con sus propios
informes también ha estado activamente explorando en El Salvador y Panamá. El
‘Proyecto Imperial’ de la compañía en el Valle Imperial al sur de California
vale la pena observarlo de cerca por sus paralelos con la situación en
Centroamérica, en donde el mismo marco de trabajo del “libre” comercio está
siendo implementado, dando a los inversionistas protección e impunidad mientras
que privan a los pueblos indígenas y a la población local de su derecho a
determinar y tener control del uso y desarrollo de sus territorios y
comunidades.
4.1 Socavando
los Sitios Sagrados Indígenas
El Proyecto Imperial de Glamis incluye cientos de propiedades y sitios en
más de 1,500 acres (6.07 kilómetros cuadrados) de tierras públicas federales en
el distrito Imperial, California. Adquirida durante los últimos 20 años, este
proyecto es propiedad de la Glamis Imperial Corporation, otra subsidiaria
propiedad de Glamis Gold. El proyecto esta localizado entre el ‘Área de
Conservación del Desierto de California’ designada así por la Dirección Federal
de Administración de Tierra (Bureau of Land Management). Esta designación, sin
embargo, no prohíbe la minería dentro del Área de Conservación. En 1994, a
través de una compañía afiliada, Glamis entregó su plan de operaciones a las
autoridades para obtener la aprobación para comenzar la fase de explotación.
Sin embargo, el Proyecto Imperial, se encuentra dentro de un área de sitios
sagrados indígenas, y entonces el Pueblo Quechan y las organizaciones
denunciaron la destrucción prevista en la región. A finales de los 1990, el El
Consejo en Preservación Histórica (Advisory Council on Historic Preservation) y
el Departamento del Interior consideraron que el Proyecto Imperial no debería
de ser permitido. En el 2001, el entonces Secretario del Interior Bruce Babbitt
tomó la decisión oficial de denegar formalmente el permiso al Proyecto
Imperial, apoyando a los miembros del Pueblo Quechan quienes declararon que la
mina les impediría su habilidad de viajar, tanto física como espiritualmente, a
lo largo del camino sagrado en el Desierto de California. Más tarde ese mismo
año, el nuevo Secretario del Interior revirtió la decisión de denegar el
permiso para el proyecto.
El entonces Gobernador de California, Gray Davis, trató este tema en el
2002. En Diciembre la Junta de Minería y Geología del Estado de California, una
entidad dentro de la Secretaría de Recursos del Estado, emitió una regulación
temporal de emergencia requiriendo que rellenaran y nivelaran los tajos
abiertos para restaurar el área a su
aproximada topografía original. El 7 de Abril del 2003, Davis firmó el Proyecto
de Ley 22 del Senado, la cual esencialmente hizo las regulaciones de emergencia
permanentes cuando el lugar de la mina esté localizado en o dentro de una milla
(1.60 kilómetros) de cualquier sitio sagrado indígena. Aunque explícitamente no
prohibieron las minas en el área, la medida efectivamente es ‘prohibida por su
costo’ para las compañías, las que no quieren reducir su margen de ganancias.
En un informe de prensa de ese mismo día, Davis comentó que “La minería de oro
a cielo abierto usando el cianuro hace profundos cortes dentro de la tierra.
Esto causa cicatrices permanentes en sitios culturales y religiosos
importantes. Esta medida envía un mensaje de que los sitios sagrados de
California valen más que el oro.” 1
Por supuesto el Gobernador Davis se equivocó. En el modelo de desarrollo
neoliberal de ‘libre’ comercio, el oro (y más importante, el sagrado derecho de
las compañías de extraerlo) vale más que
los sitios sagrados indígenas, más que los intereses de la población y más que
cualquier cosa que el gobierno de California haya podido decir acerca del tema.
El 9 de Diciembre del 2003, Glamis Gold entabló una demanda contra el Gobierno
de los Estados Unidos, por las acciones del Departamento del Interior y el
Estado de California, bajo las reglas de arbitraje de la Comisión Internacional
de la Ley del Comercio de las Naciones Unidas (UNCITRAL por sus siglas en
inglés) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Es revelador observar los títulos de los artículos del famoso Capítulo
11 del NAFTA que ha invocado por Glamis Gold para apoyar sus derechos de
destruir los sitios sagrados de los Quechan: ¡Normas Mínimas de Tratamiento
(Artículo 1105) y Expropiación y Compensación (Artículo 1110)!
Naturalmente, estos Artículos son para proteger las inversiones, no a
los pueblos. Bajo el NAFTA, “sitio sagrado” es un concepto foráneo. Con respecto a la compensación por
expropiación de inversiones, el Parágrafo 2 del Artículo 1110 estipula que el
“[c]riterio de evaluación incluirá lo concerniente al valor, cualidad del valor,
incluyendo el valor de la declaración de impuestos de la propiedad tangible y
otros criterios, a medida que sean apropiados, para determinar el valor justo
del mercado.”
El caso del arbitraje Glamis Gold Ltd. vrs el Gobierno de los EE.UU. no
ha concluido todavía.
4.2 El Valle de Siria, ¿Desarrollo o Zona de Sacrificio Humano?
“Si la mina es desarrollo, es un desarrollo que está
patas arriba y al revés,” comentó un
miembro del Comité Regional Ambiental del Valle de Siria, refiriéndose a la
mina de oro San Martín en el departamento Francisco Morazán, Honduras.2
Adquirido en 1998 cuando Glamis compró Mar-West Resources Ltd., el
proyecto San Martín fue desarrollado por la Entre Mares, subsidiaria de la
Glamis, justamente después de la Ley General de Minería, aunque los
representantes de las compañías mineras han estado en el área desde 1995. Las
organizaciones locales y miembros de la comunidad no estuvieron involucrados en
ningún tipo de proceso de consultas para las concesiones mineras, el Estudio de
Impacto Ambiental o la aprobación del proyecto.3
Los miembros de la comunidad también informaron que la compañía entró al
área prometiendo el cielo: que el cianuro es completamente inofensivo y la mina
traerá empleos, desarrollo, inversión, hoteles de cinco estrellas, etc. El
Comité Regional fue organizado por el pueblo y miembros de la comunidad en el
área que investigó las denuncias de la compañía y se informaron ellos y a la
población sobre los riesgos de tener problemas de salud, daño al medio
ambiente, etc. A pesar de las protestas, de la participación en cabildos
abiertos municipales y otras actividades, el proyecto recibió la bendición de
las autoridades locales, quienes aseguraron a la población con ecos de las
promesas de desarrollo de la compañía.4
La mina San Martín comenzó su producción en el 2000, a pesar de la
oposición general al proyecto, el cual se localiza en la municipalidad de San
Ignacio, Francisco Morazán. San Ignacio, junto con las municipalidades vecinas
de El Porvenir y Cedros, forman parte del Valle de Siria. Mientras que la
oposición es fuerte en los municipios de San Ignacio y en Cedros, la oposición
a la mina fue más fuerte en el Porvenir, en gran parte porque la mina esta
arriba en contra (y sobre) el límite con esta último. Consecuentemente, los
impactos han sido mas agudo en las comunidades del El Porvenir, especialmente
en El Pedernal, la comunidad más cercana a la mina, conjuntamente con Palo
Ralo, la cual fue desalojada y reasentada.
Brigadas médicas dirigidas por el Doctor Juan Almendares Bonilla, un
distinguido erudito y activista en las áreas de salud integral, ecología y
derechos humanos, han estudiado los problemas de salud en la comunidad de El
Pedernal del 2001 al 2003. La organización Madre Tierra, fundada por
Almendares, presentó un informe con sus hallazgos en Octubre del 2003. Los
hallazgos, basados en investigación por encuestas y exámenes médicos, revelaron
un alarmante incremento en enfermedades de la piel del 2001 al 2003. Las
prevalecientes enfermedades neurológicas, respiratorias y oftalmológicas son
también perturbadoras.: en el 2003 el 80% de la población de El Pedernal sufrió
de enfermedades de la piel; el 28% de enfermedades respiratorias; el 59% de
enfermedades neurológicas; el 45% de enfermedades oftalmológicas (de los ojos)
y un 4% de enfermedades gastrointestinales.5
Madre Tierra examinó estos problemas de salud dentro del estado general
de la calidad de vida en el Valle de Siria, incluyendo la percibida disminución
en la calidad y cantidad del agua, el incremento de la pobreza, la deforestación
y otro tipo de destrucción del medio ambiente. El aumento de los problemas de salud mental (más notablemente
insomnio, tensión y ansiedad) están siendo objeto de más investigación. Aunque
Madre Tierra cree que es posible que la salud mental de la población esté
relacionada a las enfermedades dermatológicas, así como a la destrucción del
medio ambiente y al miedo de desarrollar más enfermedades, ellos también ponen
énfasis en la importancia de llevar un estudio sobre la presencia de metales
pesados en la región. La organización considera que los hallazgos de múltiples
tipos de enfermedades ahora aparentemente endémicos en la comunidad de El
Pedernal pueden estar muy posiblemente relacionados a la contaminación.6
Cuando se le preguntó a un doctor empleado por Entre Mares si una mina a
cielo abierto con cianuro filtrándose podría representar un riesgo a la salud
para las comunidades cercanas dijo que “no constituye ningún peligro”,
atribuyendo la pérdida del cabello y otras enfermedades de la piel a una falta
de higiene y al constante contacto con los animales.7 Si bien la compañía supuestamente emplea una
brigada médica para atender a las comunidades de la región, los habitantes de
El Pedernal no han encontrado alivio para sus padecimientos. Los medicamentos
de la clínica de salud de la población esta limitado a vitaminas, acetaminofen
y varias cremas.8
En Marzo del 2004, la Pastoral Social Arquidiocesana Caritas, una
organización ligada a la Iglesia Católica que ha estado activa denunciando las
actividades mineras y acompañando a las comunidades afectadas, publicó un
estudio técnico sobre la calidad del agua en el área de la explotación en la
mina San Martín. Con el permiso de Entre Mares y en la presencia de
representantes de la compañía, Caritas, DEFOMIN, la Dirección General de
Evaluación y Control Ambiental (DECA) y el Centro para Estudio y Control de
Contaminantes (CESCCO), fueron tomadas una serie de muestras de agua y
sedimentos de diferentes puntos cerca de la mina, para determinar si puede
haber alguna forma de contaminación relacionada con las actividades de la
compañía. Las muestras fueron examinadas para determinar la presencia de
arsénico, mercurio, cianuro y cromo hexavalente.
En 4 de 7 muestras, el análisis de laboratorio reveló niveles de arsénico
más altos del máximo permitido; resultados de más de 0.054 miligramos por litro
fueron obtenidos, mientras que el nivel máximo para el agua potable y de uso
doméstico es de 0.01 miligramos por litro. En tres de seis muestras de
sedimento fueron encontrados altos niveles de mercurio; no obstante, se
determinó que estos resultados eran inconclusos, además es de hacer notar que
la legislación nacional en Honduras no establece máximas concentraciones de
muchos metales pesados y otras substancias potencialmente peligrosas. Debido al
hecho de que estos estudios técnicos son demasiado caros, Caritas solamente ha
podido hacer éste que se limita a investigaciones preliminares sobre la posible
contaminación causada por la mina San Martín. Sin embargo sus recomendaciones
incluyen el llamado a investigaciones adicionales sobre las causas de la
contaminación de arsénico y sus impactos en la salud de la región, los estudios
para determinar la presencia de metales pesados en el agua de la comunidad y
sobretodo, reformas legislativas para establecer un efectivo proceso de
monitoreo con la participación de las comunidades afectadas.9
Como el caso es frecuente, junto con las preocupaciones de posibles
riesgos de salud, los opositores a la mina habían preguntado en dónde iba a
obtener la compañía las enormes cantidades de agua necesaria para la operación
de una mina a cielo abierto con
filtraciones de cianuro. En una entrevista, el jefe de Entre Mares
Eduardo Villacorta comentó sobre el tema del uso excesivo del agua: “Puedo
manifestarle que las aseveraciones que hacen los grupos antiminería o mejor
dicho antidesarrollo, no están fundamentados en ningún momento; nosostros
tenemos un control en lo que se refiere al manejo del mismo recurso. Tenemos
una autorización para un consumo de 220 galones por minuto autorizados por las
instituciones respectivas.” 10 Sin
embargo, lo que esta en cuestión no es si hay o no una ‘autorización’ formal,
sino los efectos de la magnitud del consumo de agua en la región por parte de
la compañía.
El Comité Regional Ambiental y miembros de la comunidad notaron que
junto con la deforestación ilegal por las compañías madereras en el Valle, la
deforestación por Entre Mares y las actividades mineras, severamente han
afectado la disponibilidad y la cantidad del agua. Han notado una significante
disminución en los niveles de los ríos y arroyos en el área y los que salen del
sitio de la mina y aun tienen agua son espesos con tierra. A lo largo de varios
de estos arroyos hay artesas instaladas y periódicamente son llenadas con agua
por la compañía, para que el ganado no beba el agua lodosa. Según informes,
durante un período de lluvias torrenciales, las lagunas llenas de solución de
cianuro se desbordaron. El agua para uso doméstico de la cual mucho proviene de
pozos, es escasa debido a los profundos pozos usados por la empresa, la cual
utiliza los recursos de agua superficiales y subterráneos antes destinados a
las comunidades.11
Según informan, la escasez de agua combinada con los niveles de
precipitación de lluvias afectados por la deforestación, han significado un
desastre para la mayoría de las comunidades de la región, cuya principal
actividad de subsistencia y generadora de ingresos económicos tradicionalmente
ha sido la agricultura y la ganadería. Muchos campesinos informan que los dos
últimos años han sido marcados con la disminución de sus cosechas. Antes una
región productora de granos básicos para el país, el Valle de Siria ha perdido
su seguridad alimentaria y ahora muchas familias tienen que comprar la mayoría
de sus artículos de primera necesidad (maíz, frijol, etc.). “Se nos ha convertido en consumidores. Se
nos ha negado el derecho de subsistir”, lamenta el presidente del Comité
Martín Erazo. Otros comentan sobre el aumento de las migraciones hacia los
Estados Unidos y que en casi cada casa de las comunidades más afectadas por la
mina, al menos un familiar está trabajando en los Estados Unidos para mantener
a sus comunidades. Solamente las familias de unas pocas docenas de trabajadores
de la mina se han beneficiado del proyecto, aunque esto también ha tenido
repercusiones negativas para el resto de la población, como en muchos casos
estudiados de otras actividades mineras: divisiones en la comunidad,
inseguridad, incremento del consumo de drogas y alcohol y prostitución.12
Miembros de la comunidad dicen que el mayor obstáculo en los últimos 4
años de lucha contra la mina San Martín, han sido las autoridades del gobierno,
quienes colaboran con esta y la justifican junto con otras compañías poderosas
en el país.13 La Fiscalía del
Medioambiente tiene un limitado mandato que no le permite investigar ningún
proceso administrativo (tal como el otorgamiento de licencias ambientales, para
las que no hay revisión), mientras que la DEFOMIN es la entidad que debe
asegurar el cumplimiento de las regulaciones del medio ambiente, pero es esta
misma entidad del gobierno la que está encargada de promover la minería en el
país y otorgar concesiones. La Fiscalía del Medio Ambiente realizó una
investigación sobre los abusos y delitos cometidos contra el medio ambiente por
la filial Entre Mares al inicio del proyecto, lo cual resultó en acusaciones
formales e incluso en una orden de captura por la deforestación no autorizada,
la alteración del curso de los arroyos y carreteras públicas y otros abusos
más.
En el 2000, la Fiscalía del Medio Ambiente presentó una serie de
acusaciones criminales en contra de Entre Mares por varios crímenes en contra
del medio ambiente: usurpación de agua, daños agravados, delito forestal,
desobediencia a la autoridad. Durante el procedimiento, la Fiscalía solicitó
una orden de captura contra el representante de Entre Mares Simon Ridgway, un
ciudadano canadiense, petición que fue aceptada por el juez, quien giró la
orden de captura. Supuestamente porque “no se han agotado” las investigaciones,
la orden nunca se llevó a cabo.14
Mientras tanto, Entre Mares nombró a otro representante y Simon Ridgway siguió
su camino enfocándose en Guatemala y Nicaragua como presidente de Radius Gold,
la cual se concentra en la exploración para el oro y en establecer negocios
asociados con compañías como Glamis Gold.
Los líderes comunitarios del Valle de Siria consideran que el caso
legal, como tan frecuentemente pasa en Honduras
en donde el sistema de ‘justicia’ solamente refuerza la completa
impunidad de los poderosos intereses económicos, está ‘durmiendo’ aunque ‘en
coma’ puede ser una descripción más apropiada. El dinero siempre se ha opuesto
a la justicia, consideran los miembros del Comité Regional Ambiental. A pesar
de la abrumadora evidencia de los abusos de la compañía, el daño al medio
ambiente y los problemas de salud relacionados, el gobierno continúa
justificando y legitimizando a la compañía. Para varios activistas locales, la
mina San Martín es justamente otro
ejemplo de que el gobierno de Honduras es ‘anti nacional’, respondiendo a los
intereses de la inversión extranjera y de los gobiernos Norteamericanos.15
Aunque las amenazas de muerte más serias y los incidentes de intimidación en contra de los
miembros del Comité están aparentemente relacionados con su lucha en contra del
corte y transporte de árboles en la municipalidad de Cedros, Entre Mares
también ha jugado su papel en la ‘seguridad’ de la región, considerada
inseguridad por la mayoría de sus habitantes. Desde el período inicial de
desarrollo, las fuerzas policiales en el área han cooperado con la compañía y
han ayudado activamente protegiendo el sitio de la mina y a sus empleados. Los
vehículos de la compañía han transportado a la policía en la municipalidad de
San Ignacio, mientras que el pick up patrullero de El Porvenir según informan
fue donado por la minera.16
Glamis Gold también emplea a su propia fuerza de seguridad privada para
proteger su inversión. Cuando la compañía se instaló en el área, su fuerza de
seguridad privada fue dirigida por un ex miembro de la famosa Batallón 3-16, un
batallón clandestino de la inteligencia militar, responsable por la vigilancia,
tortura, desaparición forzosa y asesinato de docenas de personas comprometidas
con la justicia social y los derechos humanos en los 1980 después que la CIA
ayudó en la formación y el entrenamiento del Batallón. Después de su
responsabilidad de un asesinato (del hermano de un reconocido defensor de los
derechos humanos), la compañía realizó algunos cambios en su fuerza de
seguridad.17
Se relaciona la Glamis también al asesinato de Teodoro Martínez, un
líder comunitario del pueblo indígena Tolupan de la Montaña de la Flor, región
vecina al Valle de Siria. Habían planes de canalizar el agua al sitio de la
mina San Martín, desde áreas indígenas donde las comunidades ya están
involucradas en luchas y conflictos para defender su territorio de los
taladores y otros que ambicionan sus ricos bosques y recursos naturales.
Después de la fuerte oposición de la comunidad, Glamis dejó el plan. Sin
embargo, en el 2003, Teodoro Martínez, un activo y conocido oponente de los
planes de la empresa, fue asesinado y decapitado. Su cabeza nunca fue
encontrada.
De cara a la abrumadora evidencia de los abusos y negativos impactos de
todo tipo, miembros del Comité Regional Ambiental del Valle de Siria consideran
que la región debe ser reconocida por lo que es – una zona de sacrifico humano,
en referencia al “Área Nacional de Sacrificio” que resultó de la investigación
que hizo la Newmont en Nevada sobre el uso del cianuro en la extracción del
oro.18 En el tema del Valle Siria, el
Doctor Juan Almendares declara que “realmente
lo que está ocurriendo en Siria es terrible, duele en el alma y dan ganas de
llorar con coraje de ver la indiferencia de un gobierno a los abusos,
enfermedad y el desastre que ocasiona la empresa minera. Debemos levantar la
voz, el país está siendo destruido...”19
Mientras tanto Glamis Gold “está orgullosa del impacto positivo que ha
tenido en Honduras y particularmente en el área alrededor de la mina”.20 No obstante, detrás de la aprobación de un préstamo de la
CFI al proyecto Marlin en Guatemala, Chuck Jeannes el antiguo Vice Presidente
de Administración de la Glamis, admite
que “la experiencia de la compañía en Honduras enseñó a Glamis que – mientras
una compañía puede tener el apoyo de funcionarios federales y estatales y de
políticos – es críticamente importante que los residentes locales sean educados
acerca de la minería a fin de obtener la licencia social para operar una mina.”21
Los miembros de la comunidad que ahora están muy bien
‘educados acerca de la minería’, están preocupados porque la compañía
actualmente está intentando de ampliar el proyecto San Martín hacia otras áreas
de los 141 kilómetros cuadrados dados en concesión a la compañía en el Valle de
Siria. Aunque la mayoría confía en que la compañía no entrará en áreas de la
municipalidad de El Porvenir, en donde casi toda la población está fuertemente
en contra de la mina y decididos a defender a sus comunidades. Tal parece como
si Entre Mares está considerando expandirse dentro de la vecina municipalidad
de Cedros.
A inicios de Enero del 2005, el miembro del Comité y
habitante de Cedros, José Coello, un franco oponente de la minería y de la tala
ilegal de árboles en los cabildos abiertos municipales y en las misas y
actividades de la Iglesia, fue asesinado con disparos por asaltantes
desconocidos mientras se dirigía de Tegucigalpa a Choluteca. No le robaron, ni se
sabe que estuviera involucrado en cualquier tipo de conflictos personales.
Glamis Gold, por medio de Entre Mares, es también
activa en muchas otras partes del país, con concesiones en diferentes
departamentos. Hasta aquí la compañía ha sido detenida exitosamente por la población de la municipalidad de
Güinope, del departamento del Paraíso, en donde las exploraciones – que se
asegura a veces se llevaban a cabo por la noche, a escondidas de los habitantes
– fueron acompañadas por el tipo de cosas que usualmente suceden cuando estas
compañías entran en la región: extranjeros dan dulces a los niños y donaciones
en especie a las escuelas locales, extraños ofreciendo comprar tierra por mucho
más de su valor real, etc.22 Los
residentes de Güinope, Cedros y muchas otras
comunidades afectadas por las concesiones en Honduras y Guatemala están en
constante alerta, aprendiendo de las experiencias del Valle de Siria y
desarrollando estrategias para impedir que sus comunidades se conviertan en la
próxima zona de sacrificio humano.
4.3 ¿Mejorando el Futuro de Guatemala? 23
Descubierta en 1998, el proyecto Marlin fue adquirido
por la Glamis Gold al fusionarse con la Corporación Francisco Gold en el 2002.
La construcción está bien avanzada, con la producción planificada para comenzar
a inicios del 2006, de acuerdo con la compañía, la cual posee y opera Marlin a
través de la subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala, la cual es de su
completa propiedad.
Muchas comunidades locales y organizaciones se oponen
al proyecto. Aunque éste fue aprobado después de la ratificación del Convenio
169 de la OIT, las comunidades indígenas Maya Mam y Sipakapense de los
municipios directamente afectados de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa no fueron
consultadas. La Glamis asegura que se ha comprometido “a respetar los valores
culturales (idioma, condiciones de vida, tradiciones) de las comunidades en
donde van a operar” y agrega que a finales del 2002 grupos fueron “entrenados
para entender qué es una mina y cómo funciona,” y que después compartieron esa
información con las comunidades.24
De acuerdo con la población indígena del área
y varias organizaciones, “hemos estado
viendo con mucha preocupación, que personas extrañas han venido a explorar
nuestras tierras. Luego empezaron a comprar algunas propiedades, utilizando
dentro de sus métodos, el engaño, la coacción y las promesas de un desarrollo
para las comunidades. Hasta hace poco no estábamos enterados de los motivos que
los movían, pero a partir de este año, hemos constatado que una empresa minera
extranjera, ya se instaló en la región y está por iniciar la extracción de oro
y plata...”25 Aunque la
Glamis insiste que ha aprendido la importancia de educar a la población local acerca de la minería y está “poniendo más esfuerzo
en actividades de desarrollo comunitario en el período inicial del proyecto,”26 sus acciones están completamente en
desavenencia con la visión de desarrollo comunitario
de las comunidades indígenas.
Cuando los líderes comunitarios han llevado sus preocupaciones a las
autoridades departamentales, la frecuente respuesta ha sido ‘si ustedes no
quieren la mina, entonces no habrá fondos para el desarrollo,’ una actitud que
también ha sido reiterada por las autoridades nacionales: ‘si San Marcos no
quiere desarrollo [la mina] entonces dejemos que sigan viviendo en la pobreza.’
El líder comunitario Juan Tema de Sipakapa informa que han recibido respuestas
similares de las autoridades locales cuando los habitantes han denunciado los
abusos cometidos por los trabajadores de la construcción
de la mina. Cuando las comunidades han denunciado varios incidentes de acoso
sexual e incluso la violación de dos niñas, ellos se han encontrado con
comentarios hostiles y la inacción por parte de la policía y las autoridades
municipales.27 Javier de León de
la Asociación de Desarrollo Integral Maya Ajchmol dice que disparos de arma de
fuego se escuchan casi cada noche, en una región donde esto era muy poco común
antes de la llegada de la compañía.28
A pesar de la falta de consulta con las comunidades indígenas afectadas
y la negación a su derecho de determinar el camino de su propio desarrollo y en
medio de serias y continuas violaciones a los derechos humanos y abusos, la
Glamis se presenta a sí misma como una compañía amistosa a favor del desarrollo
comunitario. Con fondos de la Corporación Financiera Internacional y la colaboración del Cuerpo
Ciudadano de Desarrollo (CDC por sus siglas en inglés) y otras organizaciones,
la compañía creó la Fundación Sierra Madre para trabajar en las áreas de
educación, salud, reforestación, entrenamiento, microempresa, productividad,
agricultura y fortalecimiento institucional [junto con una melosa propaganda].
¿‘Desarrollo Comunitario’ diseñado y controlado por una compañía minera cuyo
principal interés está en las ganancias de los millones de onzas de oro y plata
que ellos esperan extraer en más o menos una decada? El desarrollo comunitario
sano no es diseñado por una compañía transnacional, tampoco es dependiente de
la aceptación de un proyecto que amenaza con dañar el medio ambiente, la salud,
la cosmovisión Maya y así, a las propias comunidades. El desarrollo comunitario
es un proceso construido y controlado por las mismas comunidades.
La Fundación Madre Sierra forma parte de los esfuerzos de la Glamis Gold
para obtener una “licencia social” para el proyecto Marlin, aunque la parte
principal de esta estrategia fue el préstamo de 45 millones de dólares que la
Corporación Financiera Internacional aprobó a mediados del 2004. Mientras que
Glamis y la CFI se enfocan en los beneficios del apoyo para los programas de
desarrollo comunitario de la compañía en el área, la implicación de la CFI
“también garantiza una medida de seguridad para la compañía minera como
advertencia a los gobiernos extranjeros de pensarlo dos veces antes de
interferir con un proyecto del Banco Mundial.” El Director de Petróleo, Gas,
Minería y Químicos de la CFI, Rasha
Kaldany, explica que “el proyecto Marlin apoyará los esfuerzos del gobierno de
Guatemala para fortalecer la inversión en el sector minero.”29
En parte porque lo que está apostado no es solo el proyecto Marlin sino
toda la nueva ola de inversión extranjera en el sector minero en el país, el
gobierno de Guatemala, junto con el Banco Mundial y el gobierno de Canadá, está
determinado a ver el proyecto de principio a fin, a pesar de el incremento de
la oposición a la minería en todo el país y a pesar de la falta de consulta
concerniente a éste y otros proyectos. El 3 de Diciembre del 2004, se reunieron
en Los Encuentros los habitantes de la municipalidad de Sololá, por la
carretera Interamericana que viene de la Ciudad de Guatemala a través del
altiplano de población mayoritariamente indígena, para protestar y detener el
transporte de equipo para minería destinado para el proyecto Marlin, cuando los
trabajadores del convoy comenzaron a desmantelar una pasarela para peatones y
así permitir el paso del convoy. Cuando el contratista del transporte y las
autoridades insistieron que ellos tenían los permisos apropiados, la población
respondió quemando un camión que llevaba combustible y equipo destinado para
San Marcos.
El convoy estuvo detenido al lado de la carretera por más de un mes,
mientras que las autoridades del gobierno central trataron infructuosamente de
convencer a la población – la cual fue apoyada por las autoridades indígenas de
Sololá así como también por numerosas organizaciones y comunidades de todo el
país – de permitir el paso del convoy para el lugar donde se encuentra la mina
en San Marcos. El 9 de Enero del 2005, el gobierno anunció que si la ‘razón’ no
prevalece, se verían ‘forzados’ a enviar al ejercito. El 11 de Enero, durante
la masiva intervención del ejercito y la policía en Los Encuentros, el
presidente de Guatemala Oscar Berger insistió “tenemos que proteger a los inversionistas”30
Unos mil agentes de la policía nacional y soldados fuertemente armados y
equipados fueron enviados para cuidar al transporte cuando comenzó de nuevo su
viaje a San Marcos, mientras que los habitantes de las comunidades alrededor de
Sololá continuaban intentando detener el convoy. El conflicto duró todo el día,
cuando las fuerzas de seguridad del estado ‘protegían a los inversionistas’
usando más de mil depósitos de gas lacrimógeno y disparando en contra de los
manifestantes.31 Raúl Castro Bocel, un
habitante indígena de Sololá, fue asesinado y otros más fueron heridos.
El violento ataque en contra de las acciones de resistencia legítima por
las comunidades indígenas y otras en Guatemala revela la hipocresía del
compromiso al diálogo y consultas proclamado por el gobierno y otros
organizadores del Primer Foro Nacional de Minería a inicios de Diciembre del
2004, a menos que enviar al ejercito para atacar a los manifestantes puede de
alguna manera ser considerado parte de el proceso en búsqueda de “consenso”. Al
incidente le siguió un generalizado clamor de las organizaciones en Guatemala,
así como una fuerte respuesta de varias organizaciones de Canadá. La Asociación
de Desarrollo Integral Maya AJCHMOL denunció las acciones represivas tomadas
por el gobierno, “olvidando que el
Estado guatemalteco se organiza para proteger la vida de todos los habitantes y
no de un cilindro propiedad de una empresa privada.”32
Mientras que la Glamis Gold, “entristecida que esta actividad criminal
[incitada por “activistas anti desarrollo”] pudo haber resultado en lesiones y
pérdida de vida,” “permanece cien por ciento sin obstáculos”; “No se espera
ningún atraso o impacto en el proyecto Marlin, el cual continúa según el
plan...”33 Por supuesto, la muerte de
Raúl Castro está confirmada. Además, él no
‘perdió’ su vida como si él la extravió en algún lugar a lo largo de la
carretera; a él le dispararon y fue asesinado por las fuerzas de seguridad de
Guatemala que fueron enviadas para proteger la propiedad de la Glamis Gold.
Como respuesta a los mensajes electrónicos de preocupación y rabia acerca del
incidente, sin molestarse siquiera en comentar sobre la muerte o el uso de la
fuerza, el Embajador de Canadá en Guatemala James Lambert escribió:
En el caso de la maquinaria detenida en Los
Encuentros, yo entiendo que han habido repetidos intentos para explicar a las
personas preocupadas con el uso de la maquinaria y el hecho de que esta va
destinada al área en donde los permisos de explotación han sido otorgados de
acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales. No obstante,
continuaremos proporcionando información y promocionando el diálogo como manera
de ayudar a los guatemaltecos a tomar decisiones informadas sobre sus opciones
de desarrollo.34
Los gobiernos de Canadá y Guatemala, junto con el Banco Mundial, siguen
justificando su activo apoyo al llamado ‘desarrollo’ que es impuesto a las
comunidades por las compañías mineras extranjeras. La Glamis Gold, también
propietaria del proyecto ‘Cerro Blanco’ en el sur oriente de Guatemala como
también de numerosos proyectos con empresas conjuntas recientemente firmados
con Radius Gold, es solo una de muchas compañías en Guatemala. Sin embargo, el
resultado del proyecto Glamis – la primera significante inversión en el país en
más de 20 años – seguramente jugará un papel clave en la determinación del
futuro del sector minero metálico en general.
Alrededor del país, las actividades y las alianzas continúan creciendo
entre las comunidades indígenas, organizaciones de base, las ONG y sectores de
la Iglesia Católica, con una contrastante visión de desarrollo comunitario que
crece desde las necesidades, la visión, participación y control de las mismas
comunidades. A menos que el gobierno y los actores globales involucrados
comiencen a respetar los derechos y las demandas de la población, el incidente
del 11 de Enero en Los Encuentros puede ser solamente el comienzo.
_____________________
1 Toda la información sobre el
Proyecto Imperial está resumida de la ‘Notice of Arbitration’ de la Glamis Gold
Ltd. del 9 de Diciembre del 2003, la que incluye el comunicado de prensa como
Anexo A de la Oficina del Gobernador, Ver http://www.state.gov/s/l/c10986.htm Amigos de la Tierra-Estados Unidos y Oxfam
América también han escrito un informe sobre el caso, ver www.oxfamamerica.org/pdfs/glamis_en.pdf
2 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
3 Center for Economic and Social Rights. The Price of Gold: Gold Mining & Human Rights Violations in
Honduras. 2001
4 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
5 El informe de Madre Tierra está
incluído en la edición de Octubre del 2003 de www.revistazo.com
6 El informe de Madre Tierra está
incluído en la edición de Octubre del 2003 de www.revistazo.com
7 Edición de Octubre del 2003, www.revistazo.com
8 Karen Soto, “Honduras, ¿paraíso o
infierno?,” El Libertador, 30 de Junio del 2004.
9 La informació está resumida del informe de la Pastoral Social Caritas
Arquidiocesana, Resumen Ejecutivo del Estudio Técnico: “Calidad de agua en el
área de explotación mineral del proyecto San Martin, ubicado en el municipio de
San Ignacio, departamento de Francisco Morazan.” Tegucigalpa, Marzo del 2004.
10 Edición de Octubre del 2003, www.revistazo.com
11 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
12 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
13 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
14 Edición de Octubre del 2003, www.revistazo.com
15 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
16 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
17 Discusiones con los miembros del
equipo legal de COFADEH, el 13 de Enero del 2004.
18 Reuniones con el Comité Regional
Ambiental del Valle de Siria y miembros de la comunidad de El Porvenir, el 9 de
Julio, el 4 y 15 de Agosto, y el 11 de Septiembre del 2004.
19 Edición de Octubre del 2003, www.revistazo.com
20 Página Web de la Glamis Gold, en la
sección Propiedades, San Martin, versión en inglés: www.glamisgold.com
21 Dorothy Kosich, “Glamis Partnerships Brighten Guatemala’s
Future,” 7 de Julio del 2004, www.mineweb.com
22 Rechazan minera en Güinope, El
Heraldo, 6 de Julio, 2004, página 6.
23 Título como respuesta al artículo de
Dorothy Kosich, “Glamis Partnerships Brighten Guatemala’s Future,” publicado en
www.mineweb.com
24 ‘Futuro con responsabilidad,’
publicación de la Montana Exploradora de Guatemala, S.A.; Dorothy Kosich, “Glamis Partnerships
Brighten Guatemala’s Future,” 7 de Julio
del 2004, www.mineweb.com
25 Comunicado de los pueblos mayas
Sipakapense y Mam, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos,17 de Noviembre del 2003.
26 Dorothy Kosich, “Glamis Partnerships Brighten Guatemala’s
Future,” 7 de Julio del 2004, www.mineweb.com
27 Presentación de Juan Tema, Congreso Maya, el 29 de Noviembre del
2004; Tensión alrededor de las mineras, Lorena Seijo, Prensa Libre, 27 de
Diciembre del 2004.
28 Discusión con Javier de León, San Marcos, 5
de Diciembre del, 2004.
29 Dorothy Kosich, “Glamis Partnerships Brighten Guatemala’s
Future,” 7 de Julio del 2004, www.mineweb.com
30 “One Dead in Guatemala Clash,” CNN,
11 de Enero del 2005,
www.cnn.com/2005/WORLD/americas/01/11/guatemala.violence.ap/
31 Se enfrentan policías y vecinos por
paso de equipo minero, Prensa Libre, 12 de Enero del 2005.
32 Comunicado ante los hechos ocurridos el
11 de enero de 2005, Asociación de Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (‘ADIMA’),
13 de Enero del 2005.
33 Glamis Gold Comments on Tranport Incident, Company
Declaration, Reno, Nevada, 13 de Enero del 2005.
34 Carta del Embajador Canadiense
James Lambert, 12 de Enero del 2005,
distribuída en la lista de correo electrónico de Derechos en Acción.
V. Resistencia Comunitaria y Global
En Honduras, Guatemala y alrededor del mundo, muchas comunidades están
luchando en contra de las compañías mineras transnacionales y de la agenda de
‘desarrollo’ de los actores globales para proteger y defender sus tierras, su
territorio, agua, recursos naturales, salud, medios de vida, derechos y un
desarrollo comunitario basado en las necesidades, iniciativas y visiones de las
propias comunidades.
Las compañías mineras, los gobiernos y las Instituciones Financieras
Internacionales están implicadas en una campaña continua para convencer al
mundo que la minería es sostenible y que trae desarrollo. La oposición es
frecuentemente atribuida a la instigación y percepciones extranjeras, a los
activistas denominados ‘anti desarrollo’, a la ignorancia, etc.
Mientras tanto, la resistencia local y las alianzas en contra de las
compañías mineras y sus proyectos están creciendo. A pesar de todas las
desigualdades y de los obstáculos, han habido importantes victorias en los años
recientes en América Latina. Las alianzas enfocadas en los derechos de los
pueblos indígenas, de las comunidades, e iniciativas para reformar la
legislación están trabajando sobre estos temas a todos niveles.
Sin embargo, las compañías
mineras no son de Honduras ni de Guatemala. La legislación minera no
viene de Honduras ni de Guatemala. Los actores más implicados en la
implementación del modelo de ‘desarrollo’ neoliberal que favorece a los
intereses de los negocios transnacionales a expensas de las comunidades locales
y los pueblos no son de Honduras ni de Guatemala.
Mientras que apoyan a las comunidades locales y sus organizaciones,
respetando su visión, sus necesidades y prioridades, los esfuerzos de la
solidaridad internacional necesitan estar basados dentro del marco de un
movimiento global de justicia que confronta la agenda de ‘desarrollo’ de los
actores globales que promocionan, implementan y se benefician de un sistema
global injusto y explotador.
5.1 ¿Agitadores Extranjeros Anti-desarrollo?
Las compañías mineras, los gobiernos y las Instituciones Financieras
Internacionales han adoptado estrategias similares de menospreciar y/o
desacreditar a la oposición a las actividades mineras. Con respecto a la
oposición vocal de las comunidades directamente afectadas en Guatemala y
Honduras, los representantes de Glamis Gold se refirieron a los opositores como
una minoría de activistas “anti desarrollo”. De manera casual un representante
de la DEFOMIN se refirió a los defensores del medio ambiente como “comunistas
reciclados”. Antes que la oposición al proyecto Marlin de Glamis Gold en
Guatemala llegara a ser un fuerte movimiento nacional, el Vicepresidente de
Glamis Chuck Jeannes sintió que su excelente proceso de educación comunitaria
había prevenido un espacio para “que venga gente para crear un histérico
ambiente anti minas.” 1
El asegurar que la oposición a las actividades mineras la trajeron de
afuera, especialmente por organizaciones extranjeras, es frecuentemente
repetido por los que defienden a la industria. El Banco Mundial comenta sobre
lo que ellos llaman ‘Percepciones de Minería y la División Norte-Sur’(¡!),
pretendiendo que la globalización “ha incrementado el interés de la sociedad
civil en el mundo desarrollado acerca de las actividades de la industria de
minerales en el mundo en vías de desarrollo.”:
El punto de vista prevaleciente en algunos países desarrollados...sobre
la minería como una actividad que contamina y degrada el medio ambiente y a las
personas, que debe ser tolerada solo bajo condiciones extremadamente
restringidas...es en gran parte un resultado de persistentes percepciones del
viejo tipo de minería antes de que fue reformada, del cual los líderes de la
industria se han comenzado a distanciar.
Tal percepción debe ser contrastada con el punto de vista de la minería
que tienen muchos en los países en vías de desarrollo, o sea, que la minería es
una industria esencial y una inmediata e importante manera de ayudar a los
pobres a ganar algunos de los beneficios de la sociedad moderna.2
Por otro lado, cualquiera en el llamado mundo ‘en vías de desarrollo’
que hable en contra de la minería debe ser o porque es víctima de los
agitadores extranjeros anti desarrollo, o porque es demasiado ignorante para
darse cuenta de los beneficios que traerá la minería, o porque está protegiendo
algunos misteriosos y oscuros intereses. Iván Guerrero jefe del departamento de
Geología y Minas en la DEFOMIN en Honduras sugirió esto último:
Cualquier persona que no sabe del tema está opinando.
Entonces usted mira campesinos hablando de química. Usted mira profesores de
educación primaria hablando de procesos mineros. Entonces yo les pregunto a
estas personas: ¿Cuándo alcanzaron ellos la información? O, ¿de dónde sacaron
información de una actividad minera? ¿La conocen? ¿O no la conocen? ¿O están
hablando para proteger sus intereses particulares? ¿O cuáles son los intereses
que ellos están protegiendo? 3
Este tipo de acusaciones implican una admisión de que no había ningún
proceso de información abierta y desprejuiciada ni de consulta en las
comunidades afectadas. Las comunidades amenazadas y directamente afectadas por
las concesiones y proyectos mineros en Honduras, Guatemala, América Latina y en
todo el mundo están protestando. Su oposición
a las actividades mineras no es porque ellos se oponen al desarrollo, es porque
las iniciativas locales, los recursos y el desarrollo comunitario están siendo
amenazados por la imposición de proyectos destructivos tales como las minas,
que dentro del actual marco legislativo y la agenda neoliberal están para
beneficiar a las compañías mineras transnacionales a costa de las comunidades
locales y sus recursos – todo en el nombre del ‘desarrollo.’
5.2 Legítima Resistencia Comunitaria
El 11 de Enero del 2005, mientras que el ejercito guatemalteco y la
policía fueron enviados para reprimir a la manifestación en Los Encuentros y a
proteger el transporte del equipo destinado para el proyecto Marlin de la
Glamis Gold en el altiplano indígena de San Marcos, la comunidad indígena
Aquila en la municipalidad de Aquila, Michoacán, México se reunía para discutir
sobre las actividades de otra compañía minera en sus tierras ejidales, haciendo
unas importantes preguntas: “¿Es una coincidencia que en donde hay riquezas
naturales haya conflictos, donde las autoridades se hacen las que no ven y que
en vez de estar al lado de la mayoría, tengan puestos sus intereses donde los
tienen las minorías? [...] ¿A quien
podemos recurrir los ciudadanos cuando las autoridades que deben proteger
nuestros derechos son los que los violan?”
4
En Guatemala, la asociación local Maya de desarrollo comunitario Ajchmol
lamentó las acciones del gobierno, “utilizado
una vez más la represión, recriminación y la violación hacia la población Maya,
olvidando que el estado guatemalteco se organiza para proteger la vida de todos
los habitantes y no de un cilindro propiedad de una empresa privada.” En un editorial publicado el 14 de Enero del 2005
en Prensa Libre, Magalí Rey Sosa del Colectivo MadreSelva pregunta “¿Qué tiene que hacer la población guatemalteca
para que los servidores públicos entiendan que no quieren minería de metales en
sus territorios?” Daniel Vogt, de la Asociación para
el Desarrollo Integral con base en El Estor (AEPDI) advierte que mientras que
el gobierno mantenga su posición, cerrado al diálogo y dispuesto a reprimir a
la oposición indígena por la fuerza, pueda que el incidente del 11 de Enero no
sea el último.
Las iniciativas para proteger a las comunidades y los territorios
indígenas de ‘la nueva invasión’ de las compañías mineras transnacionales en
Honduras y en Guatemala incluyen la resistencia directa de las comunidades,
alianzas regionales y nacionales y campañas internacionales de solidaridad.
También hay alianzas de la sociedad civil en ambos países con propuestas
concretas para reformar la legislación minera. Algunas organizaciones se están
enfocando en la exigencia de consultas, basadas en la Convención 169 de la OIT,
especialmente en Guatemala en donde la mayoría de la población es indígena,
pero también en Honduras, en donde comunidades no indígenas se refieren a las
consultas comunitarias obligatorias implicadas en el proceso de los estudios de
impacto ambiental y social. No obstante, de cara al marco normativo que es
contrario a sus intereses, con la falta de voluntad para implementar leyes y
convenios internacionales que favorecen a las comunidades y pueblos indígenas y
con la impunidad sistemática (local, nacional y global), muchas comunidades han
acudido a la acción directa para
proteger a sus comunidades, sus tierras e iniciativas de desarrollo local de
las compañías mineras.
¡Trabajando en el Reasentamiento Involuntario de Silver Crest Mines!
En Honduras, los cuatro proyectos propiedad de Silver Crest Mines, por
medio de su subsidiaria Maverick, han sido el blanco de la resistencia
comunitaria y han sido detenidos exitosamente – por lo menos por ahora. Cuando
la población de El Progreso y las comunidades a su alrededor se dieron cuenta
de la concesión en Arena Blanca, solamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad,
ellos comenzaron a organizarse, a informar y denunciar, al punto que la
compañía ya no regresó.
De manera semejante, los residentes de las comunidades en La Labor,
Ocotepeque, comenzaron a organizarse, preocupados sobre la activa exploración
en el área, incluyendo la reserva biológica el Güisayote establecida para
proteger las fuentes de agua. Una comisión del gobierno encontró que las denuncias
de las comunidades tenían fundamento: la concesión a Silver Crest estaba
parcialmente dentro de los límites de la zona de amortiguamiento del área
protegida, en donde toda actividad minera está claramente prohibida por el
mismo Decreto 87-87 (la ‘Ley del bosque nublado’) que creó la reserva.
A pesar de los hallazgos, el gobierno no prometió cancelar la concesión
hasta que fue confrontado con un bloqueo
masivo de la carretera por comunidades de La Labor, cerrando la ruta a la
frontera principal con Guatemala. Después de tres días el Presidente Maduro
prometió cancelar la concesión. La manifestación terminó, dando al gobierno
tres meses para cumplir con su promesa.
Sin embargo, se desconoce si la DEFOMIN siguió las órdenes del
Presidente y de la Fiscalía y canceló oficialmente la concesión. En julio del
2004, la Silver Crest denunció el intento de ‘expropiación’ y juró que
iniciaría acciones legales.
En El Rosario, Comayagua, cubierta por otra concesión de Silver Crest,
la mayoría de la población, incluyendo a toda la Corporación Municipal, se
opone al proyecto minero. Ellos han denunciado las actividades de una docena de
personas de la localidad que trabajan para la compañía (se asegura que el
coordinador recibe un buen salario de la compañía por sus esfuerzos), cuyo
papel principal es interrumpir, confrontar y desviar toda oposición a la
minería. Este grupo de ‘choque’ desbarata los eventos y las reuniones, se
desplaza a las comunidades para distribuir propaganda de la compañía al día
después de que el comité ambiental local ha tenido discusiones en los mismos
lugares y también ha dañado los vehículos de los visitantes invitados a un foro
sobre la minería.5
Compañías vrs Comunidades: Visiones Opuestas del
Desarrollo
El empleo de los habitantes locales por parte de las compañías con el
propósito de desbaratar la unidad comunitaria y la oposición es bien conocido.
Otra táctica empleada cada vez más por las compañías mineras transnacionales es
la colaboración con algunas ‘ONG’ para proyectos de ‘desarrollo comunitario’
que vienen acompañando a los verdaderos proyectos mineros. Así es la situación
en Guatemala con el proyecto Marlin de la Glamis Gold, donde la Fundación Madre
Sierra está compuesta por la compañía con la colaboración de organizaciones que
usan su condición de ONG como un disfraz cubriendo su apoyo a las actividades
de la compañía. Las compañías mineras en Honduras también están colaborando con
organizaciones que tienen intenciones cuestionables en el mejor de los casos,
para promover los beneficios que ellos traerán a la región afectada. Los
supuestos ‘beneficios’ son limitados, de corto plazo, no se comparan con los
impactos negativos a largo plazo de la minería metálica y lo más importante,
son una CONDICION impuesta por las compañías mineras interesadas en el lucro.
No obstante, cada vez más estos tipos de sociedad compañía/ONG para el ‘desarrollo’ están siendo utilizadas
y socializadas por las compañías en un intento de limpiar su imagen.
Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, tácticas y abusos, muchas
comunidades están luchando para defender a sus comunidades y sus recursos. Las
comunidades de un área afectada por un futuro proyecto de minería metálica en
el departamento de Valle, Honduras, realizó una manifestación – machetes en mano
– en contra de los planes de la compañía, jurando arriesgar sus vidas para proteger a sus comunidades. Muchas
concesiones y proyectos de minería en el centro y oriente de Honduras han
encontrado semejante resistencia, debido al marco legal que es completamente
opuesto a los derechos de la comunidad y a la amenaza de los impactos negativos
que la minería tendría en el agua disponible (para uso doméstico, siembras,
ganado, etc.), el medio ambiente, la salud humana... esencialmente en el modo
de vida de estas comunidades y sus posibilidades de un desarrollo comunitario
basado en las necesidades y prioridades de las propias comunidades. La promesa
de estas comunidades –POR CUALQUIER MEDIO NECESARIO- no es una amenaza en vano,
así que la entrada de las compañías mineras ha sido detenida en ciertas
comunidades y regiones en el país, al menos por ahora.
Estas acciones
pueden ser vistas como una respuesta a la pregunta de la Asamblea Comunal en
Aquila: ¿A quien podemos recurrir los ciudadanos cuando las autoridades que
deben proteger nuestros derechos son los que los violan?
Argentina: Esquel vrs Meridian Gold
En
América del Sur, en los últimos años, diferentes comunidades han ganado
importantes luchas contra varios proyectos mineros importantes. En el departamento
de Chubut, Argentina, los residentes de Esquel, junto con una organización
representando a la población indígena local Mapuche, denunciaron y protestaron
contra un proyecto minero de oro y plata propiedad de la Meridian Gold Inc.
Como la Glamis, la Meridian es una compañía canadiense con sus oficinas
centrales en Reno, Nevada, en los Estados Unidos. El movimiento local en contra
de la mina, el cual se autodenomina los Vecinos auto convocados de Esquel, ha
estado activo desde que los residentes se enteraron del proyecto y comenzaron a
investigar el asunto. Aparte de las frecuentes reuniones, denuncias y protestas
y a pesar del apoyo activo del gobierno al proyecto, más del 80% de la
población local votó en contra de la mina en un plebiscito no vinculante
realizado en marzo del 2003. El valor de las acciones de la compañía cayó de
inmediato y el proyecto desde entonces ha sido abandonado. Sin embargo, se
informa que a finales del 2004, las autoridades mineras estatales y la Embajada
Canadiense en Argentina se han involucrado en un esfuerzo de iniciar otros
proyectos mineros en la región.6
En el departamento de Piura, Perú, los residentes de Tambogrande
lograron una victoria similar después de años de lucha en contra de la compañía
minera canadiense Manhattan, la cual había recibido unas 89,000 hectáreas (890
kilómetros cuadrados) en una concesión del gobierno de Fujimori en 1999.
Localizado en el fértil Valle San Lorenzo, las comunidades se organizaron
conjuntamente en contra del proyecto, formando un frente común. La respuesta
fue represiva; Godofredo García, un líder importante de la lucha local y asesor
técnico del Frente, fue asesinado. No obstante, la oposición no fue disuadida y
en una consulta municipal voluntaria el 98% de la población votó en contra del
proyecto. Aunque el 74% de Tambogrande participó y aunque el proceso entero fue
monitoreado por un equipo de observadores internacionales, aquellos en favor
del proyecto desecharon esta como una acción ilegal. A finales del 2003, Perú
denegó permiso a Manhattan, pero en diciembre del 2004, la compañía estaba
negociando la venta de las concesiones a otra compañía. La población local
advierte a Solar Energy y cualquier otra compañía interesadas que ninguna mina
será permitida en la región.7
También en el Perú, en el departamento de Cajamarca, Yanacocha, la mina
de oro más grande de las Américas en la cual participa el Banco Mundial como
socio, ha sido blanco de protestas y denuncias por años. A la poderosa minera
Newmont de los Estados Unidos le otorgó un permiso el gobierno peruano para
ampliar la mina dentro de las tierras que incluyen la montaña Cerro Quilish, a
la vez una productora de agua y un lugar sagrado para la población indígena.
Después de semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras por miles de
habitantes locales, el gobierno decidió cancelar el permiso, una decisión que
fue aceptada por la compañía.8
5.3 Proponiendo Reformas Legislativas
Aparte de la acción directa tomada por las comunidades, se han formado
alianzas de grupos de la sociedad civil y otras organizaciones para enfocarse
en las reformas a la legislación de minería en Honduras y Guatemala.
En Honduras, la Alianza Cívica para la Reforma de la Ley General de
Minería esta formada de numerosas ONGs e incluso de entidades del gobierno –
Caritas, ASONOG (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales), la Oficina
Especial del Fiscal del Medio Ambiente, COFADEH (Comité de Familiares de
Detenidos – Desaparecidos en Honduras), CIPRODEH (Centro para la Investigación
y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras), AMHON (Asociación de
Municipalidades de Honduras), CONADEH (Comisión Nacional de Derechos Humanos),
entre otros. Las reformas propuestas
fueron oficialmente presentadas al Presidente del Congreso Nacional Porfirio
Lobo Sosa por el Cardenal Oscar Rodríguez en representación de la Alianza
Cívica, en julio del 2004.
Los principales aspectos de la ley afectada por las reformas propuestas
son: el incremento de las regalías municipales; la eliminación de la
expropiación forzada y reasentamiento involuntario; el aumento de las
regulaciones, restricciones y controles a favor del medio ambiente y la
participación y consulta de las comunidades, la sociedad civil y gobiernos
locales en las diferentes etapas de los posibles proyectos mineros. Algunos ven
las propuestas como un gran progreso para la actual legislación, buscando
consultar, proteger y beneficiar a las comunidades afectadas. Otros ven las
reformas como una manera inexplícita pero efectiva de prohibir la minería a
cielo abierto en el país.
Otras organizaciones y comunidades, sin embargo, expresan su apoyo por
el trabajo hecho por la Alianza pero se han retirado del proceso. Madre Tierra
se retiró de la Alianza Cívica, afirmando que las reformas no van lo
suficientemente lejos, que la Ley General de Minería debe ser declarada
inconstitucional, junto con todas las concesiones otorgadas bajo la nociva
legislación. Miembros del Comité Regional del Medio Ambiente de Valle Siria
también han expresado su reserva acerca de las reformas propuestas, las cuales
no afectarán a las minas que operan actualmente en el país.
Hay unas propuestas similares para reformar la legislación minera en Guatemala,
con similares decisiones tomadas por las organizaciones – ya sea apoyando
activamente las mejoras a la ley que podrían ser aceptadas en el Congreso, o ya
sea oponiéndose al proyecto de reforma en favor de una completa prohibición o
revisión de la manera en que la minería se desarrolla en Centroamérica. Es
innecesario decir que ningún proyecto sobre las reformas propuestas ha sido
aceptado. Ni que aceptarlas implicaría una garantía de que la legislación
reformada será respetada.
En las Filipinas, pueblos indígenas y distintas organizaciones han
estado peleando por años en contra del Acuerdo de Asistencia Técnica Extranjera
(FTAA por sus siglas en inglés) y el Decreto de Minería, ambos ratificados en
1995. El debate fue guiado por las denuncias y procedimientos legales iniciados
por la Asociación Tribal La Bugal-Blaan, en 1997. En enero del 2004, la Corte
Suprema declaró inconstitucional el Decreto de Minería y el FTAA en cuanto a la
manera en que este último se aplica permitiendo que las empresas extranjeras se
adueñan casi completamente de proyectos mineros. La Constitución de las
Filipinas reserva la explotación de los recursos naturales para el Estado,
mientras que el FTAA permite empresas en sociedad con el Estado cuando de otro
modo el Estado carece de la tecnología y capital necesario. En la práctica,
esta excepción ha sido extendida para permitir actividades de minería casi
completamente de propiedad extranjera (además en territorio indígena) incluso
aunque la Constitución limita la inversión extranjera a un 40% - 60%, el
control y la supervisión siendo siempre responsabilidades del Estado. La
decisión original de la Corte Suprema en enero del 2004 fue vista como una
victoria importante por las comunidades indígenas, las asociaciones tribales y
las ONG.
Sin embargo, más adelante en el 2004, la Corte Suprema desechó la
petición de la Asociación Tribal La Bugal-B’laan, declarando que un contrato
obligatorio no se puede invalidar, incluso aunque el proyecto minero específico
denunciado es propiedad en un 95% de la Western Mining Corporation de
Australia. La Corte Suprema, presuntamente cediendo a la presión internacional,
retrocedió entonces de su decisión tomada en enero del 2004:
La Corte cree que no es inconstitucional permitir un
amplio grado de discreción al Jefe del Ejecutivo, dada la naturaleza y
complejidad de tales acuerdos, las enormes cantidades de capital y
financiamiento requeridos por las operaciones mineras a gran escala, la
complicada tecnología que se necesita y lo intrincado del comercio
internacional, acoplado con las necesidades del Estado de mantener flexibilidad
en sus negocios, para preservar y realzar la competitividad de nuestro país en
el mercado mundial.9
Con respecto a la petición de La Bugal-B’laan, con la nueva imagen
constitucional del FTAA, basada en el ‘amplio grado de discreción’ permitido al
Presidente, la Corte ha declarado que:
La constitución es la ley suprema de estas tierras. Es
el depósito de todas las aspiraciones y esperanzas de todo el pueblo. Nos da
una gran compasión con la situación difícil del solicitante La Bugal-B’laan y
otros grupos tribales y elogiamos sus esfuerzos para levantar sus comunidades.
Sin embargo, no podemos justificar ni la invalidación de un estatuto
constitucional junto con sus reglas de implementación, ni la nulidad de un
contrato legal y vinculante con el FTAA.10
¡Qué justicia!, cuando el único derecho otorgado a los pueblos indígenas
es ‘compasión’ por la destrucción de sus tierras ancestrales y medios de vida.
El ejemplo de las Filipinas puede ser visto como una señal de cosas a
venir para Honduras y Guatemala. Bajo las cláusulas de protección a la inversión extranjera de
los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos – pendiente de ser
ratificado – y Canadá – en negociación – cualquier reforma a la legislación
minera, políticas u otras iniciativas que dañan los intereses de las compañías
transnacionales que pueden arreglárselas para que sean aceptadas serán entonces
consideradas una base por las compañías para demandar al gobierno, como es el
caso de la Glamis Gold Ltd. contra los Estados Unidos.
5.4 ¿y la Justicia?
Basado en visiones completamente diferentes de desarrollo, el conflicto
entre los pueblos indígenas, las comunidades y las organizaciones por un lado y
los intereses de la minería metálica en el otro no es algo terminará pronto.
El incidente del 11 de Enero del 2005 en Los Encuentros, Guatemala no
fue un acto de represión aislado. El gobernador de Sololá ha presentado cargos
criminales contra varios líderes indígenas de Sololá, relacionados con la
manifestación. Para apoyar su reclamo de que estos líderes elegidos por la
comunidad estaban de hecho coordinando movimientos armados en la región, el
gobernador presentó sus fotografías junto con su declaración. Las fotos de
hecho son de la manifestación, pero fueron tomadas durante las discusiones
pacíficas con los oficiales de la policía para asegurar la seguridad de los
participantes, días antes de que el gobierno enviara al ejercito y a la policía
para ‘proteger a los inversionistas’ a toda costa.
La intención de estos cargos en contra de los respetados líderes
indígenas elegidos por sus comunidades en asambleas es considerado ser un debilitador
de las demandas de las organizaciones indígenas y otras por la justicia en el
caso de Raúl Castro Bocel, asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado.
El gobierno no ha tomado ninguna medida – investigación, compensación,
procedimientos – para identificar al agente del Estado responsable, para
clarificar quien dio las órdenes, ni para enjuiciar a los responsables.
Asimismo, los líderes indígenas y comunales de las municipalidades de
San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, son blanco
de una constante persecución por su abierta oposición a el proyecto Marlin de
Glamis Gold Ltd. Varios líderes comunitarios siguen recibiendo amenazas de
muerte. Sus actividades son sujetas a vigilancia y disturbadas por empleados de
la compañía. Las denuncias no han sido atendidas por el gobierno local ni por
las autoridades de seguridad.
Las comunidades y organizaciones en Guatemala y Honduras han articulado
muy bien sus posiciones, sus objetivos y necesidades. Muchos han pedido apoyo –
financiero y otro (apoyo legal, acompañamiento de organizaciones de derechos
humanos, información, equipo específico y entrenamiento técnico, etc.). Tienen
necesidades urgentes y constantes para apoyar sus luchas e iniciativas. Carlos
Amador, del Comité Regional del Medio Ambiente de Valle Siria, enfatiza la
importancia de escuchar, entender y responder a las prioridades de las
organizaciones y las comunidades locales. Nadie conoce mejor que ellos cual es
su visión, sus metas, sus prioridades y necesidades.
Sin embargo, estos problemas no pueden estar específicamente aislados
como problemas de ‘minería’, de ‘Guatemaltecos’ o ‘Hondureños’, desprovistos
del contexto global. La solidaridad no es un asunto de caridad para ayudar a
aliviar los problemas de los pueblos lejanos; la solidaridad es una lucha común
con una causa común – un movimiento de justicia social para confrontar un
sistema global injusto y explotador a raíz de estos problemas y para confrontar
directamente y responsabilizar a los actores globales quienes planifican,
imponen y continúan lucrando de este sistema global y su modelo de
‘desarrollo’.
______________________
1 Citado en “Glamis Partnerships
Brighten Guatemala’s Future,” de Dorothy Kosich, Reno, 7 de Julio del 2004, www.mineweb.com
2 Banco Mundial, Oil, Gas, Mining and Chemicals Department,
“Mining Reform and the World Bank: Providing a Policy Framework for
Development” 2003.
3 Entrevista con el Ing. Iván
Guerrero, Jefe del Departamento de Geología y Minas, DEFOMIN, Tegucigalpa, 15
de Agosto, 2003.
4 “Carta abierta al pueblo de Michoacán
y de México,” Asamblea Comunal, Aquila, Michoacan, 11 de Enero, 2005.
5 Reunión con miembros de REDAMUCOP, Comayagua,
26 de Febrero, 2005.
6 Para detalles en el caso Esquel,
ver http://www.earthworksaction.org/ewa/Esquel.cfm o http://www.esquelonline.com/%7Enoalamina/ (en español)
7 Para más información acerca de
Tambogrande, ver http://www.nodirtygold.org/tambogrande_peru.cfm o, en Español
y un poco de Inglés, la propia página del Frente de Defensa de Tambogrande: http://www.geocities.com/frentetambogrande/english/index.html
7 Para más información acerca de la
mina Yanacocha y la lucha para proteger el Cerro Quilish, ver www.grufides.org (Español) o www.earthworksaction.org
8 Citado en Aya Fabros, “Mine Matters: The Supreme Court and
the Mining Decision Reversal”, Democracy Watch Department, Insitute for Popular
Democracy, 4 de Febrero, 2005, http://manila.indymedia.org
9 Citado en Aya Fabros, “Mine Matters: The Supreme Court and
the Mining Decision Reversal”, Democracy Watch Department, Insitute for Popular
Democracy, 4 de Febrero, 2005, http://manila.indymedia.org
VI. Y Ahora,
¿Qué?
Desde que
se lanzó la versión original de este informe, las cosas avanzan de manera
continua. Sobretodo en el caso del
proyecto Marlin de la Glamis Gold en San Marcos, son muchos acontecimientos que
no quedaron incluidos en el presente informe.
Entre otras noticias, se destacan el asesinato de un habitante por
agentes de la empresa de seguridad privada Grupo Golan contratada por la
Glamis, las acciones organizadas del municipio de Comitancillo, San Marcos, y
la consulta comunitaria realizada en Sipacapa, en donde el 98% de la población
Sipakapense hizo conocer una vez más su rechazo a la exploración y explotación
minera.
De igual manera, en Honduras sigue la resistencia de las comunidades a
los proyectos mineros en el Valle de Siria, en los departamentos de La Paz, El
Paraíso, y diversas regiones del país.
Mientras que la Alianza Cívica sigue trabajando para que las reformas a
la Ley General de Minería sean aprobadas por el Congreso Nacional, las
organizaciones populares quedan en alerta ante los avisos del gobierno que se
reanudará el otorgamiento de concesiones.
Ante la creciente amenaza de la minería metálica en Guatemala, Honduras
y otros países de Centroamérica, se está formando una Red Centroamericana para
que las comunidades afectadas y amenazadas y las organizaciones tengan más
fuerza. Es de hacer notar que el
contexto en el cual están luchando por sus comunidades, tierras, recursos naturales,
derechos y cosmovisiones ahora se pone más grave con la ratificación del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y las negociaciones del TLC
con Canadá que de nuevo han puesto en marcha.
Con este marco internacional que da más seguridad a las inversiones
extranjeras, las empresas mineras siguen avanzando en el istmo, incluso algunas
han formado un consorcio de exploración para el uranio en Centroamérica.
Para buscar mayor información sobre las actividades y proyectos de las
empresas, una fuente clave es la empresa misma.
Aunque la información está casi siempre en inglés, a veces en las
páginas de las empresas se encuentran mapas y otros datos que el MEM y la
DEFOMIN guardan como secretos de estado.
Aquí está un listado de los
sitios web de la mayoría de las mineras mencionadas en este informe:
Breakwater Resources Ltd, www.breakwater.ca
Brett Resources Inc, www.brettresources.com
Defiance Mining Corporation, www.defianceminingcorp.com
Doublestar Resources Ltd, www.doublestar.net
Firestone Ventures Inc, www.firestoneventures.com
First Point Minerals Corporation, www.firstpointminerals.com
Geostar Metals Inc, www.geostarmetals.com
Glamis Gold Ltd, www.glamisgold.com
Globex Mining Enterprises Inc, www.globexmining.com
Gold-Ore Resources Ltd, www.goldoreresources.com
Inglesrud Corporation, www.inglesrud.com
International Nickel Company (INCO), www.inco.com
Intrepid Minerals Corporation, www.intrepidminerals.com
Jaguar
Nickel Inc, www.jaguarnickel.com
Mena Resources Inc, www.menaresources.com
Merendon Mining Corporation, www.merendon.com
Newmont Mining Corporation, www.newmont.com
Radius Gold Inc, www.radiusgold.com
RNC Gold Inc, www.rncgold.com
Silver Crest Mines Inc, www.silvercrestmines.com
Skye Resources Inc, www.skyeresources.com
Hay muchos sitios web tanto de organizaciones como de la industria que
tratan el tema de la minería. Aquí se
presentan algunos que puedan ser de interés:
www.revistazo.com – Revista
independiente de Honduras. La edición de
octubre del 2003 está dedicada a los impactos de la mina San Martin de la
Glamis Gold en el Valle de Siria.
www.wrm.org.uy/deforestacion/mineria.html
– Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. La sección de minería incluye el boletín
especial sobre el tema, libros y documentos en formato PDF, entre otras
informaciones importantes.
www.ecoportal.net – Ecoportal. Tiene artículos
sobre la minería y diversos temas.
www.conacami.org – Confederación
Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
www.geocities.com/factortierra/index.html – factortierra, con noticias e información de
Tambogrande y otras luchas e información, Peru.
www.nomasorosucio.org/home.cfm - No más oro sucio, Campaña de
Oxfam América y Earth Works Action, con información de comunidades afectadas en
diversos países.
www.accionecologica.org/mineria.htm – Acción Ecológica, Ecuador.
‘Estimada Glamis Gold’…
Producto
del creciente interés y conciencia en la lucha compartida contra las
actividades mineras y los actores globales en Centroamérica, existe una campaña
enfocada en la Glamis Gold y también en el caso del proyecto Marlin, la
participación activa del Grupo Banco Mundial y del gobierno canadiense. ¡No los dejemos dormir tranquilamente
mientras que sus manos están manchadas de sangre! Manden cartas de preocupación y protesta (o
mejor tomen acción):
GLAMIS GOLD LTD
5190 Neil
Road, Suite 310
Reno, Nevada 89502
Tel. (775) 827-4600
Fax (775) 827-6992
Kevin McArthur, Presidente y Gerente General, kevinm@glamis.com
Rashad Kaldany, Director, Departamento de Petróleo,
Gas, Minería y Químicas (OGMC), Corporación Financiera Internacional (CFI),
Banco Mundial, rkaldany@worldbank.org, rkaldany@ifc.org
J. Michael Swetye, Representante Principal de
Inversión, OGMC, CFI, jswetye@ifc.org
Kent Lupberger, Gerente Superior, Inversiones Mineras,
CFI, klupberger@ifc.org
Embajada Canadiense en Guatemala, gtmla@international.gc.ca
Hay un sinfín de maneras de apoyar a las comunidades en resistencia
contra la minería metálica a cielo abierto en Honduras y Guatemala. En términos de apoyo directamente a las
comunidades y organizaciones que las acompañan, tienen muchas necesidades
económicas para poder enfrentar a las transnacionales y defender sus
comunidades, recursos y derechos.
Además, varias organizaciones han expresado otras necesidades, como
mayor investigación e información, apoyo legal, acompañantes de derechos
humanos, etc. Entre otras organizaciones
orientadas a las comunidades en diferentes partes de Guatemala y Honduras, se
busca apoyo para las organizaciones regionales que actualmente están
enfrentando proyectos de la Glamis Gold: el Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria en Honduras, la Asociación para el Desarrollo Integral Maya
Aj’chmol y el Movimiento de
Trabajadores del Campo (MTC) en San Marcos.
Para contactarles, mande un correo a info@rightsaction.org y/o a caminando27@yahoo.es para la
información de contacto.
No obstante la importancia de apoyar directamente a las organizaciones y
comunidades en Centroamérica, la verdad es que los problemas de la gran minería
no vienen ni de Honduras ni de Guatemala.
Los actores globales – las Instituciones Financieras Internacionales,
los gobiernos, empresas, inversionistas y la población consumidora del Norte –
están detrás de la situación, la cual poco se cambiará sin atacarla desde sus
raíces en el sistema global explotador.
Derechos en Acción en América del Norte y Central
Derechos en Acción (Rights Action) trabaja para recaudar fondos y
mandarlos directamente a diversas organizaciones de base y ONGs principalmente
en Chiapas, Guatemala, Honduras y Haití que están luchando para la justicia y
el desarrollo comunitario sano controlado desde las comunidades, a pesar de la
represión y de la impunidad global.
Entre otras organizaciones e iniciativas, apoyamos a varios grupos
enfrentando proyectos, licencias y concesiones mineros que atentan contra los
derechos indígenas y el desarrollo comunitario en Guatemala y Honduras. Mientras apoyando a las comunidades,
organizaciones e iniciativas locales, Derechos en Acción se enfoca en las raíces
históricas y actuales de la inequidad e impunidad global y el rol de los
actores del Norte en la explotación en curso de los pueblos alrededor del
mundo, en el nombre del ‘desarrollo’.
Organizamos delegaciones, intercambios y giras, voluntarios y acompañantes,
y periódicamente elaboramos informes y artículos. Para mayor información: info@rightsaction.org, 416-654-2074 (Canadá) o (502) 232-9414
(Guatemala).
A las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, los sindicatos nacionales y extranjeros, la comunidad internacional, intelectuales, artistas, estudiantes, y a toda la humanidad, que se unan a nosotros, denunciando estos actos, exigiendo la justicia y las reparaciones, y que se mantengan en alerta permanente para asegurar que este tipo de conducta criminal se pare inmediatamente en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro planeta.
- Francisco Ramírez Cuellar, Presidente del
SINTRAMINERCOL (Colombia)
*******************************************************************************
Este informe fue escrito por Sandra Cuffe, quien
trabaja con Derechos en Acción en Honduras: caminando27@yahoo.es
[1] Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de América Latina. Monthly Review Press: New York, 1997. p. 2
[2] Dr. Robert Moran, Presentación en el Foro
Nacional sobre Minería, Ciudad de Guatemala, 1 de Diciembre, 2004.
[3] Undermining the
Forests, The need to control transnational mining companies: a Canadian case
study.. Forest Peoples’ Programme, Philippine Indigenous Peoples Links,
y World Rainforest Movement. Enero de
2000. página 18.
[4] Grupo del Banco Mundial, “Mining Reform and the World Bank:
Providing a Policy Framework for Development,” OGMC department, 2003, páginas
1-2.
[5] Undermining the
Forests, página 21.
[6] “Mining Reform and the World Bank,” página 13.
[7]World Bank Group Operations Evaluation, “Extractive
Industries and Sustainable Development,” 29 de Julio, 2003.
[8] Dr. Robert Moran, Presentación en el Foro
Alternativa sobre la Minería, Ciudad de Guatemala, 2 de Diciembre, 2004.
[9] El Banco Mundial y la CFI, “The
Minera Yanacocha S.R.L. Project in Peru.”
[10] Padre Marco Arana Zegarra,
Presentación en el Foro Alternativo sobre la Minería, Ciudad de Guatemala, 2 de
Diciembre, 2004. Ver www.grufides.org
[11] José de Echave, Presentación en el Foro
Nacional sobre Minería, Ciudad de Guatemala, 1 de Diciembre, 2004.
[12] Estadísticas de una Presentación por Natural
Resources Canada a la World Bank Extractive Industries Review por Dr. Dale Hull,
Marzo 2003, citado en “Rhetoric vs. Reality: Investing as if Human Rights
Mattered,” presentación por Joan Kuyek de Mining Watch Canada al Think Tank de la Junta
Directiva de Derechos y Democracia, 11 de Junio, 2003, Ottawa, www.miningwatch.ca
[13] Undermining the Forests,
The need to control transnational mining companies: a Canadian case study..
Forest Peoples’ Programme, Philippine Indigenous Peoples Links, y World Rainforest Movement. Enero de 2000.
página 20.
[14] Citado en Bonnie Campbell, “Canadian Mining Interests and
Human Rights in Africa in the Context of Globalization,” Université du Québec à
Montréal, 1999. Ver también Brian
Tomlinson, “Canadian Economic Relations with sub-Saharan Africa – Recent
Trends,” Mayo 2002, www.ccic.ca.
[15] Natural Resources Canada, “The Path Forward to Sustainable
Development Policy,” www.nrcan-rncan.gc.ca/sd-dd/pubs/cons2000/sd2kg2se.htm
[16] Francisco Ramirez Cuellar, SITRAMINERCOL. The Profits of
Extermintaion: How US Corporate Power is
Destroying Colombia. Common Courage Press: Monroe, ME, 2005.
[17] Por un profundo análisis de la
legislación de minería, proyectos, y las Violaciones a los Derechos Humanos
Relacionados en Colombia, ver: Francisco Ramirez Cuellar, SITRAMINERCOL. . The Profits of Extermintaion: How US Corporate Power is Destroying Colombia. Common Courage
Press: Monroe, ME, 2005.
[18] “Observaciones dirigidas por el
Honorable Pierre Pettigrew Ministro de Comercio Internacional en el Almuerzo en
el Club Minero,” Buenos Aires, Argentina, 27 de Julio, 2000,
http://webapps.dfait-maeci.gc.ca/minpub/Publication.asp?publication_id=377975&Language=E
[19] Para más información sobre la EDC, ver: www.probeinternational.org
[20] Memorandoum: Towards a Spiral of Violence? ¨The Dangers of
Privatising Risk Management of Investments in Africa,¨ Mining Activities and
the Use of Private Security Companies. Montreal, Febrero 2000.
[21] Para detalles sobre los vínculos
entre las violaciones a los Derechos Humanos y los Intereses mineros de Canadá
en Ghana, ver Asad Ismi, “Canadian Mining Companies Destroy Environment and
Community Resources in Ghana,” 4 de Julio, 2003, www.miningwatch.ca
[22] Undermining the
Forests, The need to control transnational mining companies: a Canadian case
study.. Forest Peoples’ Programme, Philippine Indigenous Peoples Links,
y World Rainforest Movement. Enero de 2000.
página 23
[23] World Rainforest Movement, Boletin no.
71, www.wrm.org.uy
[24] Cecilia Costero, “Relaciones actuales
México-Canadá en el sector minero,” Revista Mexicana de Estudios Canadienses,
Primavera 2004, nueva época, número 1.
[25] “Carta abierta al pueblo de Michoacán
y de México,” Asamblea Comunal, Aquila, Michoacan, 11 enero, 2005.
[26] Pratap Chatterjee, “Minería destruyó
la tierra, sostienen grupos indígenas,” InterPress Service, 17 mayo, 1996
[27] “Rhetoric vs. Reality: Investing as if Human Rights
Mattered,” presentación por Joan Kuyek de Mining Watch Canada al Think Tank de
la Junta Directiva de Derechos y Democracia, 11 de Junio, 2003, Ottawa, www.miningwatch.ca
[28] Undermining the
Forests, The need to control transnational mining companies: a Canadian case
study.. Forest Peoples’ Programme, Philippine Indigenous Peoples Links,
y World Rainforest Movement. Enero de 2000. páginas 2-3
[29] Marcos A. Orellana, “Indigenous
Peoples, Mining and International Law,” MMSD, 2002, página 15.